coaccion a un organo constitucional

El apriete de diputados colorados y llanistas a fin de intentar frenar el fallo de la Corte para hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de autoridades y exautoridades puede configurarse en un delito con pena de hasta 10 años de prisión. También es causal de pérdida de investidura con la inhabilitación de ejercer la función pública, concluyó el constitucionalista Hugo Estigarribia.