11 de agosto de 2025
El lujoso festejo de 15 años de la hija del director de Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún, y la diputada oficialista Rocío Abed, ha generado un fuerte debate político y social que se trasladó a la Cámara de Senadores. Un cruce de palabras entre la senadora Celeste Amarilla (PLRA) y el senador Silvio Beto Ovelar (ANR, HC)
Una fiscalía deficiente, jueces amigos, camaristas benévolos y ministros de la Corte Suprema de Justicia que no pusieron fin a esa situación que terminó blanqueando al senador colorado Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod y el entorno de la pareja, de las tres causas penales abiertas contra el clan por hechos de corrupción.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó esta tarde el sobreseimiento definitivo para el senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa, la exintendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod, en una causa abierta contra ellos por lesión de confianza. Fue al declarar inadmisible el recurso de casación presentado por la Fiscalía.
Unos US$ 6,9 millones de riqueza es lo que declararon en total siete miembros del clan Zacarías Irún, de Alto Paraná. La familia encabezada por el imputado senador Javier Zacarías Irún consiguió dejar atrás sus modestos inicios y varios están bien ubicados en la función pública.
A pesar de que la asesoría jurídica recomendaba el enjuiciamiento de la jueza Cynthia Garcete, por mayoría de los miembros del Jurado la salvaron y resolvieron el archivamiento de la denuncia en el caso en el que liberó a 5 policías reconocidos como supuestos autores de robo de US$ 100.000. La magistrada es amiga del Clan Zacarias (cartista).
El Clan Zacarías Irún, conformado por el senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, exintendenta de Ciudad del Este (CDE) y otros miembros de su familia, sería el principal promotor de la incorporación de figuras ligadas al narcotráfico en campañas políticas en puja por escaños en el Congreso y otros puestos de poder, según un reporte de la organización InSight Crime acerca del crimen organizado en la Triple Frontera. El control de las esferas políticas y judiciales que maneja el clan perjudica claramente al ejercicio de la democracia y alienta la propagación de la impunidad, según resaltan.