Por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió enjuiciar de oficio a la jueza Ninfa Anastasia Torres de Ramos, por haber otorgado de forma irregular la prisión domiciliaria a Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, con base en informes médicos falsos, quien tiene dos condenas, una de 26 años de cárcel por narcotráfico, y otra de 3 años, por lavado de dinero.
La Corte Suprema de Justicia suspendió sin goce de sueldo a la jueza penal de sentencia de Coronel Oviedo Ninfa Torres de Ramos y a la actuaria Nélida Bogado por haber dispuesto la prisión domiciliaria del narcotraficante Víctor Brítez Aranda, “Chapaló” en la semana pasada. Se dispuso la remisión de los antecedentes de la primera al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la apertura de un sumario administrativo para ambas.
El director de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, Rodolfo Heyn, se constituyó esta mañana en el juzgado penal de Ejecución de Sentencias Coronel Oviedo, para verificar el expediente del narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló. La auditoría fue dispuesta por el ministro superintendente de esa circunscripción judicial, Dr Manuel Ramírez Candia.
La Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional realizará una auditoría al expediente del narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias “Chapaló”, quien estuvo a punto de ser beneficiado con la prisión domiciliaria. Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia.
Víctor “Chapaló” Brítez Aranda, condenado a 26 años de cárcel por narcotráfico y a 3 años por lavado de dinero, estuvo a un paso de ser beneficiado con el arresto domiciliario. Pero hoy, en horas de la tarde, se conoció que la magistrada que dio la orden, retiró del Ministerio de Justicia el oficio por el cual notificaba la decisión que favorecía al reo.
La jueza penal de Sentencia de Caaguazú, Ninfa Torres de Ramos, otorgó ayer la prisión domiciliaria a Víctor “Chapaló” Brítez Aranda, condenado a 26 años por narcotráfico y a tres años por lavado de dinero. Esto ante indicaciones de los médico forense y de cabecera del mismo de que debe recibir tratamiento médico por afecciones graves de salud y también someterse a una cirugía. Ante la peligrosidad del mismo, el Ministerio de Justicia informó a la Corte Suprema de Justicia sobre la resolución, según informaron fuentes.