CAAPUCÚ. El intendente de este distrito Gustavo Penayo Arce (ANR) remitió una nota al contralor General de la República, Camilo Benítez Aldana, informando que finalmente quedó aprobada la rendición de cuentas de su gestión del ejercicio 2022, por lo que se encuentra al día con el organismo de control. En principio la Junta Municipal había rechazado su ejecución presupuestaria, pero el ejecutivo vetó y volvió a remitir al cuerpo legislativo. En dicha instancia, por mayoría de sus miembros dio lugar al veto de la intendencia.
El intendente cartista de Caapucú, Gustavo Penayo, denunció por supuestos hechos de calumnia, difamación e injuria a varios concejales que desde hace un año le exigen una administración transparente y sobre todo que remita su rendición de cuenta sobre el uso del dinero de Fonacide y royalties a la Junta Municipal.
Una vez más, una comitiva de ciudadanos organizados de Caapucú llegaron hasta la sede de la Contraloría General de la República (CGR) para exigir una auditoría a la gestión del intendente cartista Gustavo Penayo. Si bien ya existe una resolución en donde se ordena un examen especial a la gestión municipal, el grupo de ciudadanos insiste en que los auditores se trasladen hasta la municipalidad de Caapucú para recabar la documentación.
Desde la Contraloría General de la República presentaron una acción judicial en contra del IPS para que la justicia exija a la Previsional entregar los documentos solicitados por la institución. El ente contralor se encuentra investigando el pago que el IPS hace a los proveedores de la multimillonaria deuda que tiene.
CARAPEGUÁ. La Junta Municipal local, por resolución N°535/2022, aprobó solicitar a la Contraloría General de la República (CGR) un examen especial a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la comuna. Piden que la fiscalización abarque el periodo fiscal de los años 2020, 2021 y 2022, correspondientes a la administración del intendente reelecto Luciano Cañete (ANR-FR).
ESCOBAR. El contralor general de la República, Camilo Benítez, remitió a la Fiscalía General del Estado el informe final y anexos de las Fiscalizaciones Especiales Inmediatas (FEI) de los ejercicios fiscales 2020 y 2021. El equipo auditor del ente de control reveló presunta malversación de fondos y lesión de confianza por el daño patrimonial de más de G. 2.200 millones a la comuna.