Las cuentas públicas del 2004 al 2011 se destacaban por cerrar el ejercicio siempre con saldo positivo, es decir, sus ingresos eran superiores a los gastos que demandaba el Estado, con lo que el Ministerio de Hacienda disponía de recursos adicionales, no solo para responder a los compromisos básicos, sino también para financiar proyectos de infraestructura. Sin embargo, esta bonanza fiscal de ocho años se vio abruptamente rota por una decisión política en 2011, durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2012. Los legisladores, sin previsionar una fuente de financiamiento, aprobaron una suba salarial general de 40% para funcionarios públicos, que terminó impactando en la capacidad que hasta 2011 tenía el fisco para enfrentar holgadamente todos los compromisos del Estado. Con el nuevo escenario, desde el 2012 y hasta 2016, las finanzas públicas pasaron de tener superávit a déficit.