25 de abril de 2025
La historia que procuran vender los cartistas de cómo, supuestamente, se montó una conspiración por parte de autoridades del anterior gobierno colorado, encabezado por Mario Abdo Benítez, junto con el entonces embajador de Estados Unidos Marc Ostfield, para hundir al líder de Honor Colorado Horacio Cartes es sorprendente.
Tres días de pacíficas manifestaciones ciudadanas han evidenciado un divorcio entre gobernantes y gobernados que, si no fuera subsanado mediante una clara reorientación de las políticas públicas y de las conductas de sus responsables, podría llevar a una situación tanto o más crítica como la causada a inicios de 2017 por el intento de violar la ley suprema en aras de una reelección presidencial. A propósito, el senador Basilio Núñez (ANR, cartista) cree desde ya que Santiago Peña debería ser reelecto porque “estamos mejor”, dando como ejemplo –horas antes de que ocho criminales se fugasen de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú– que la Penitenciaría Nacional de Tacumbú fue recuperada de manos del Clan Rotela. Dada la notoria autocomplacencia del cartismo, es de temer que pretenda repetir aquella triste historia dándole un final distinto, buscando no fracasar esta vez, en vez de hacer una autocrítica al influjo de las protestas y los reclamos de la gente.
El escándalo generado por la licitación pública realizada por Itaipú para la compra de muebles escolares no inquieta al Gobierno, porque el misterioso ganador chino o paraguayo, llamado Long Jiang o Aaron Bruno Jiang, de 54 o 46 años de edad, está vinculado con las altas esferas y en particular con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien afirma con descaro que el dueño de los aviones que usó más de una vez en campañas electorales ganó con todas las de la ley, pese a las evidencias en contrario. La grosera manipulación perpetrada también contra la industria nacional comprendia aparentemente las corruptelas habituales en la materia, como la adecuación del pliego de bases y condiciones a las conveniencias de un interesado que recibe información privilegiada y el aumento del costo probablemente para retribuir el servicio prestado por la entidad convocante. Este repugnante caso tiene un fuerte contenido político, dado que el cartismo trata de justificar a toda costa esto que parece un amaño, dando la impresión de que sus líderes tienen un interés personal directo.
La Justicia en el Paraguay es un objetivo que históricamente ha sido- y es hasta ahora-, para el ciudadano más una aspiración que un Derecho; y para el Estado, una declaración ambiciosa en intenciones, en las Constituciones y en declaraciones formales, pero que constituye un deber incumplido hasta ahora, a pesar de los esfuerzos de algunos patriotas.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, dijo que celebra que se haya retomado la cooperación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Paraguay. Sostuvo que Paraguay tiene lazos históricos con el Gobierno norteamericano, que fueron “dañados” en el periodo anterior, mientras que el actual Gobierno trabaja de cerca con la actual administración del presidente Donald Trump.
El legislador Silvio Beto Ovelar (ANR-HC) calificó de “neocartistas” a un senador, a un diputado y a un gobernador. Según el senador cartista, estos se sumaron recién cuando Santiago Peña ganó la Presidencia de la República. Reconoció que existe una división de liderazgo en el departamento de Caaguazú, encabezándo él una facción, mientras que el gobernador lidera otra.