Carlos Echeverría

Merced a un pacto, concejales colorados y liberales aliados al cartismo aprobaron, sin mucho análisis, la rendición de cuentas del intendente de Luque Carlos Echeverría (ANR-HC) pese a que el mismo no contestó varias consultas y no entregó documentos respaldatorios solicitados por la única edil que rechazó el informe. El intendente administra un presupuestó anual de G. 111 mil millones, pero la ciudad proyecta una vergonzosa imagen de desidia, debido a la gran cantidad de baches, el tránsito caótico, basura y aguas servidas.

Los ciudadanos luqueños, además de tener que aguantar un leonino contrato con la Empresa La Disciplina encargada de la recolección de basura que va hasta el 2031, ahora el intendente Carlos Echeverría (ANR-HC) adjudicó a la empresa El Farol S.A el servicio de disposición final de basura en un contrato abierto de hasta G. 200 millones, supuestamente sin pasar por la Junta Municipal. Mientras, en cada barrio pululan los vertederos clandestinos debido a la deficiente recolección en la ciudad.

Luego de múltiples dilaciones, finalmente acorralado por la justicia, el intendente cartista de Luque Carlos Echeverría convocó a una audiencia pública para rendir cuentas a los contribuyentes. La Contraloría Ciudadana de Luque (CCL), desde diciembre del 2023, solicita la realización de una audiencia pública y, ante la negativa del jefe comunal, tuvo que recurrir a la justicia para acceder a los documentos.

Una vez más, los miembros de la Contraloría Ciudadana de Luque solicitaron por nota la rendición de cuentas y la ejecución presupuestaria a la municipalidad a cargo del cartista Carlos Echeverría y piden que los concejales luqueños acompañen el pedido y no aprueben la gestión sin antes darle participación a la ciudadanía. El año pasado, el jefe comunal no realizó el procedimiento exigido en la Ley Orgánica municipal; sin embargo, los ediles igualmente dieron trámite de aprobación a su rendición de cuentas.

Concejales liberales y miembros de la Contraloría Ciudadana de Luque solicitaron al intendente de esa ciudad que accione ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la nueva ley, que regula las tarifas de la habilitación vehicular. Señalan que la norma es inconstitucional y atenta contra la economía familiar de los ciudadanos luqueños.