15 de marzo de 2026

Se filtran audios en los que se escucha aparentemente a la propietaria de una empresa adjudicada con la distribución del almuerzo escolar en Luque amenazar a sus funcionarias con despidos, si no trabajan por la candidatura de su hijo, el precandidato Hugo Farías (ANR-HC). Además durante actos políticos del cartista se entregaron documentos con promesas de contratación para el programa Hambre Cero, el millonario plan del gobierno de Santiago Peña.

Concejales cartistas y liberocartistas de Luque aprobaron la compra de vehículos para el uso de “directores mimados” de la Municipalidad de Luque, a cargo de Carlos Echeverría (ANR, HC), por valor de G. 2.026 millones. La ciudadanía de la vecina ciudad cuestionó que el dinero de sus impuestos se destine en vehículos y no en bacheo de calles u otro proyecto que beneficie a la comunidad.

La Contraloría Ciudadana de Luque presentó en la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley para modificar la N° 5.590/16 “Orgánica Municipal” y obligar a los intendentes y los concejales a rendir cuentas en audiencias públicas de manera obligatoria todos los años.

La Municipalidad de Luque, cuyo intendente es el cartista, Carlos Echeverría, no mejoró su comunicación institucional con la ciudadanía en cuanto al servicio de gestión de residuos sólidos, según la Contraloría General de la República (CGR).

Otra millonaria licitación está en marcha en Luque para el proyecto de “unificación de veredas” que lleva adelante el intendente Carlos Echeverría (ANR-HC). Ya se destinaron G. 3.830 millones en la primera etapa de la obra y en varios sectores ya presentan hundimientos debido al trabajo chapucero.

El concejal cartista y precandidato a la Intendencia de Luque, Arnaldo Baeza adelantó que el oficialismo luqueño está analizando nuevamente el proyecto de tercerización de cobro de impuestos en Luque. Dijo que ya hubo conversaciones con el Ejecutivo Municipal para impulsar la iniciativa. En la ciudad ya se había implementado el sistema tercerizado en mayo del 2017, pero, tras una serie de cuestionamientos ciudadanos, se debió recular y los contribuyentes tuvieron que pagar una millonaria indemnización a la firma adjudicada.