30 de agosto de 2025
El Gobierno se precia de que en diciembre de 2023 liberó a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú de las garras del Clan Rotela, mediante la Operación Veneratio, realizada por fuerzas policiales y militares. Hay que darle ese crédito, porque no fue poca cosa ese éxito. Pero como es habitual en las actuales autoridades, la grandilocuencia con que presentan las cosas a veces ya es exagerada, y acompañaron ese logro con la frase “hemos recuperado las cárceles” de las manos de la delincuencia organizada. Se puede pensar que quedaron dormidas sobre los laureles, porque salieron a la luz informaciones que demuestran que los grandes malevos siguen operando a sus anchas en las cárceles, y, aparentemente, en connivencia con las propias autoridades. Tal es lo que puede pensarse con el descubrimiento de las “celdas vip” en algunas penitenciarías.
El Ministerio de Seguridad argentino emitió una resolución por la cual se obligará a las cerca de 12.000 personas recluidas en cárceles federales a trabajar en la limpieza y mantenimiento de las celdas y “espacios comunes” de sus respectivas prisiones, sin ningún tipo de remuneración.
Un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura señaló que más del 50 por ciento de la población penitenciaria del país está presa sin condena firme e identificó cuáles son las penitenciarías con mayor índice de hacinamiento en el país.
Recientemente, llegó a Taiwán un “catálogo” de productos artesanales realizados por personas privadas de libertad, tanto de Tacumbú como del Cereso. La intención del convenio entre el Ministerio de Justicia y Defensa Pública es que esta artesanía pueda ser comercializada en al país asiático y también llegue a otros territorios extranjeros.
En un tratamiento express, la Cámara de Diputados extendió por un año más la situación de estado de emergencia de todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del país. El proyecto de ley fue presentado esta mañana durante la sesión ordinaria, se hizo un cuarto intermedio para que sea aprobado a “tambor batiente” durante una reunión extra sin mucho debate.
En la Cámara de Diputados se presentó un peculiar proyecto de ley que busca combatir las actividades delictivas organizadas desde las cárceles. De aprobarse la iniciativa parlamentaria, se castigará con penas carcelarias a las personas que intentan introducir teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos.