Capaco y Cavialpa cuestionaron el pedido del presidente electo Santiago Peña de suspender las licitaciones “que no sean urgentes”, lo que evidencia una falta de política de Estado para la ejecución de obras, sino se inicia con una “política de Gobierno”. De aplicarse significa paralizar los procesos en sus últimos tres meses.
El Presupuesto General de la Nación 2023, que fue ratificado ayer en el Senado, prioriza el aumento de salarios y la creación de cargos, con lo cual se castiga a las inversiones en obras públicas, según la Capaco. El MOPC sostiene que el financiamiento de construcciones que ya se iniciaron está asegurado, pero no así el de las obras nuevas.
Gremios empresariales se encuentran satisfechos, en líneas generales, con las disposiciones de la nueva ley de contrataciones públicas. Ahora, la “batalla” es la reglamentación para transparentar las compras del Estado y generar igualdad de condiciones, sostienen.
Empresas contratistas agremiadas a Capaco y Cavialpa señalaron que todavía no recibieron ninguna respuesta al reclamo que hicieron al BCP, y que por el no pago de la “cesión de las deudas” del MOPC a los bancos, las calificaciones de las empresas se ven afectadas y no pueden acceder a créditos.
Gremios empresariales criticaron la decisión de la Cámara de Diputados al darle media sanción al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 para salarios, en vez de atender inversiones en obras públicas, que tiene efecto multiplicador. El 70% de la recaudación del fisco es para sueldos.
La Cámara Paraguaya de la Construcción se suma a los pronunciamientos de varios sectores empresariales sobre la intención de aumentar gastos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023. Excluyendo indemnización a obreros de excontratistas de Itaipu, esas iniciativas aumentarían en 2% el déficit fiscal y sacrificará inversiones, alertó el gremio.