8 de agosto de 2025
A casi un año de la firma del millonario contrato “urgente” entre Petropar y la cuestionada Doha Holding Group LLC, la empresa aún no ha entregado ni un solo litro de combustible. Mientras tanto, la Contraloría sigue sin concluir la “revisión” documental iniciada en enero y la petrolera pública guarda absoluto silencio. El contrato, vinculado a allegados del presidente de la Conmebol, ya lleva seis prórrogas vencidas sin que las instituciones de control adopten medidas concretas.
Tras el “perdón” de la Fiscalía -en connivencia con la Contraloría- al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes (HC) en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el diputado Raúl Benítez (independiente) descargó toda su artillería contra las instituciones sometidas al cartismo, principalmente contra el contralor Camilo Benítez (ANR), que tiene las “rodillas sucias”. También dijo que el manejo del país “depende de la cantidad de whisky” que se tome en el quincho de la Avda. España.
El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, compareció hoy ante la Cámara de Diputados y, según el colorado, es el contralor Camilo Benítez quien “está causando un gran perjuicio” en la municipalidad. “Es un mamotreto”, calificó al pedido de intervención.
El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, anunció que presentará una querella en contra del contralor general de la República, Camilo Benítez. Lo calificó de “irresponsable” y afirmó que hay “mentiras” en el pedido de intervención.
El contralor general Camilo Benítez afirmó que la intervención en Asunción es urgente para poder descubrirse en qué se gastaron más de G. 500.000 millones de los bonos y otras irregularidades denunciadas. Insistió en que el intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez, no pudo respaldar los gastos con documentos.
Mientras cada vez más amplios sectores de la ciudadanía le exigen a la Contraloría General de la República que fiscalice la ejecución de “fondos socioambientales” de Itaipú y Yacyretá, el contralor, Camilo Benítez, afirma que ha hecho todo lo que está a su alcance para ello, pero se declara con las manos atadas por supuestos impedimentos legales y falta de pronunciación de la Corte Suprema de Justicia sobre recursos presentados y sobre la aplicabilidad de una ley. Hay elementos para sostener que la verdad es otra. Tal parece que el contralor solo hace lo que le permiten, o peor, lo que le ordenan quienes mueven los hilos del poder. Los tratados de Itaipú y de Yacyretá en ningún sitio impiden a las Altas Partes Contratantes ejercer su jurisdicción para controlar o para actuar ante la comisión de posibles hechos punibles, lo cual sería una inaceptable renuncia de la soberanía. Y aun si lo dispusieran, que no es así, un tratado nunca puede estar por encima de la Constitución Nacional.