El contralor general de la República, Camilo Benítez, afirmó que se tendría que iniciar un examen de correspondencia de bienes de la diputada cartista Johana Vega, quien ostenta la construcción de una imponente vivienda. Aclaró, no obstante, que para poner en marcha el cotejo patrimonial se debe constatar que cuente con dos declaraciones juradas presentadas.
La Contraloría General de la República (CGR) pretende gastar este año G. 12.240 millones en seguro sanitario privado para sus funcionarios y G. 1.417 millones en viajes y viáticos. Según el presupuesto general, la institución dispone de G. 185.399 millones, que en mayor porcentaje van para pagar los gastos rígidos.
Tras una reunión que mantuvo con el presidente de la Cámara de Diputados, el contralor general de la República Camilo Benítez, dijo que en el año 2025 se centrarán en las gobernaciones departamentales y municipales que obtuvieron calificación cero en materia de transparencia. Indicó que no es que dejan de cumplir, pero cumplen con lo mínimo, por lo que se tratará de que el año que viene apunten a una transparencia activa, y que las mismas instituciones informen a la ciudadanía, sin esperar a que la gente solicite información.
La Contraloría General de la República socializó la “Plataforma de Rendición de Cuentas del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE)” en donde las diversas autoridades que administran el programa “Hambre Cero” deberán levantar las documentaciones casi en tiempo real. Antes, también se socializó la plataforma de denuncia ciudadana, para el control de las condiciones en que llegan las raciones en las instituciones educativas.
Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Al respecto la Contraloría General de la República (CGR), institución convertida en ”florero” por el actual gobierno de Santiago Peña en complicidad con los legisladores cartistas y aliados, indicó que hoy es una fecha para reflexionar sobre este mal endémico. Agregó que los efectos impactan en el desarrollo económico, el acceso a los servicios públicos y a la educación, que conlleva a la desigualdad.
El senador Rafael Filizzola (PDP) afirmó que la ley que establece el Régimen Nacional de Integridad Pública, Transparencia y Prevención de la Corrupción, recientemente promulgada, está mal hecha, porque no resuelve el problema real que tiene la Contraloría General de la República que le impide hacer su trabajo, y que es la tensión que tiene con el Tribunal de Cuentas.