4 de agosto de 2025
El diputado Daniel Centurión defendió su proyecto de ley que eleva las penas por corrupción, mientras que el abogado penalista Guillermo Duarte Cacavelos cuestionó su eficacia y advirtió sobre posibles efectos adversos.
El diputado Yamil Esgaib (ANR-HC) encabezó una audiencia pública donde se debatió el alcance del proyecto de ley que busca restringir la aplicación de la ley Nº 6431 “Que crea el procedimiento especial para el comiso de bienes”. Este documento limita la capacidad del Estado para desmantelar la estructura financiera de los grupos criminales, dice el Ministerio Público.
Controversia e indignación generó el decreto por el cual se habilita al Congreso a gastar G. 1.750 millones en la construcción de un “obelisco”. El senador colorado Colym Soroka intentó justificar la obra, mientras la mesa directiva de Diputados salió a desmarcarse, diciendo que desconocían esta “obra totalmente innecesaria”.
Ayer, la bancada cartista en Diputados presentó oficialmente el pedido de suspensión por 60 días sin goce de sueldo -la máxima- para el diputado opositor, Miguel Martínez (PLRA) por aludir a los “colorratas”. Sin embargo, hoy en la mesa directiva de la cámara Baja se “abrió un canal de diálogo” entre ambos bloques para buscar que termine en un “tirón de oreja” y no con su “cabeza” en la picota, lo cual aún no deja de ser una posibilidad, según dijo el vicelíder de la bancada cartista, Miguel Del Puerto.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conformada por representantes de todas las bancadas, rechazó por unanimidad la reprogramación presupuestaria destinada a la construcción de un “Obelisco”. Tras la reunión de este martes, los legisladores manifestaron que ninguno de ellos había sido informado previamente sobre el proyecto y cuestionaron duramente su pertinencia. Señalaron que, como autoridades, no pueden permitirse estar “desconectados de la realidad” ni respaldar una “obra completamente innecesaria” en un contexto de tantas carencias. Además, advirtieron que el emprendimiento tendría un costo de G. 1.880 millones.
El diputado Miguel Martínez señaló que no se tendrían los votos necesarios para lograr su suspensión, sanción que le quieren imponer los disputados cartistas luego de que los llamara “colorratas”. En caso de ser suspendido, su esposa tomaría su lugar durante los 60 días de sanción.