Aunque en teoría es una obligación que debería realizarse en forma automática cada mes, existen 44 municipalidades del país que desde hace por lo menos tres meses no están transfiriendo los aportes de sus funcionarios a la Caja Municipal, para la jubilación. Existe un municipio que encabeza la lista por ser el que más debe.
Se presentó una lista de municipalidades que les descuentan a sus funcionarios sus aportes jubilatorios, pero no los transfieren a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, lo que mínimamente constituye apropiación y malversación. El monto acumulado ya asciende a 130.000 millones de guaraníes, sin contar intereses. También se conoció un alarmante informe del Ministerio de Economía y Finanzas que da cuenta de que el Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, conocido como Caja Fiscal, en siete meses superó el déficit de todo 2023. Ambos casos son parte de un grave problema estructural y una muestra de lo que se le viene encima al país si no se toman urgentes medidas.
Jubilados dependientes de la Caja de Jubilaciones de Asunción se manifestaron preocupados para el cobro de sus haberes, ya que debido a la falta de transferencia de la Municipalidad de los aportes retenidos, no pueden cobrar sus haberes.
El presidente de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal, Venancio Díaz, indicó que están haciendo esfuerzos para cumplir con el pago a jubilados y pensionados de Asunción, a los que aún se les debe el mes de mayo. Explicó que el retraso obedece a que el Municipio no les transfiere G. 8.000 millones adeudados.
Venancio Díaz Escobar, titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, manifestó que la imputación por supuesta lesión de confianza y cobro indebido de honorarios que pesa sobre él y los miembros del consejo administración de la institución es arbitraria. Tildó a la fiscal María Luján Estigarribia de irresponsable pues los cobros de dietas y bonificaciones están avalados por resoluciones.
La Fiscalía imputó por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios a los directivos de la Caja Municipal, quienes supuestamente se autoasignaron remuneraciones de forma arbitraria e ilegal durante el periodo de cuatro años, causando un daño patrimonial a la institución de unos G. 2.088.967.680.