15 de julio de 2025
El FMI reveló que las autoridades paraguayas concluyeron el estudio actuarial que servirá de referencia para preparar el proyecto de ley de reforma paramétrica de la Caja Fiscal. El organismo insiste en que es indispensable mejorar la sostenibilidad de la referida caja y la supervisión de todos los sistemas de jubilaciones del país.
Está en manos del presidente Santiago Peña decidir si continúa o no con la intención de impulsar el cuestionado proyecto de ley de Superintendencia de Pensiones. En la misa central de la Virgen de Caacupé, el obispo Ricardo Valenzuela pidió que no se toquen los fondos jubilatorios de los trabajadores y advirtió a la clase política que no abusen de la confianza del pueblo.
Un juzgado penal hizo lugar a la extinción de la acción penal y sobreseyó definitivamente a los procesados por una supuesta malversación de más de 2 billones y medio de guaraníes atribuido a los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines. La fiscala Stella Mary Cano se había allanado al pedido de extinción de las defensas porque el juzgado reabrió el caso de forma extemporánea.
El Ministerio de Hacienda presentará al Congreso en el mes de julio el proyecto de ley que crea una comisión nacional para analizar la reforma de la Caja Fiscal y plantea algunos ajustes en los parámetros como medida de transición, atendiendo que forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Cámara de Senadores, en su sesión ordinaria de la fecha, prevé estudiar en el punto N° 10 del orden del día la creación de una Comisión Nacional que analice la sostenibilidad y todos los proyectos que afecten las cajas de jubilación.
AREGUÁ. La Contraloría General de la República (CGR) inició una auditoría, de oficio, sobre la ejecución presupuestaria de los ejercicios fiscales 2021; 2022 y de enero a febrero de 2023, de la Municipalidad de Areguá. Paralelamente, investigará sobre la deuda de casi G. 100 millones a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal; y también sobre el presunto desfalco de G. 2.500 millones.