bonificaciones

En marzo de 2025, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR), percibió un ingreso récord de G. 105 millones mediante el cobro retroactivo de bonificaciones por “responsabilidad”. En un solo año, el legislador cartista acumuló más de G. 295 millones en extras, una cifra que a un trabajador con salario mínimo le tomaría ocho años de esfuerzo igualar.

Una sutil modificación en el decreto reglamentario del PGN 2025 permitió que el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), se adjudicara una bonificación del 50%, pese a que el mismo documento establecía un tope del 25% para altos cargos. Entre enero de 2025 y febrero de este año, el titular del Senado percibió G. 295.413.300 extra, una cifra que a un trabajador con salario mínimo actual le tomaría ocho años igualar.

La Contraloría General de la República (CGR) aplazó a la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), tras verificar que la institución NO CUMPLIÓ 25 de las 28 observaciones realizadas tras una auditoría entre 2022 y 2023. Hasta febrero pasado, el 92% de los funcionarios cobraron un “plus” a pesar de que el ente destina solo el 2% de recursos para actividades misionales.

Los decretos reglamentarios del PGN -hasta el ejercicio 2024- impedían explícitamente que ministros y altos funcionarios con sueldos o dietas equivalentes o superiores percibieran gratificaciones bajo concepto alguno. Sin embargo, para el 2025, el Ejecutivo borró esta restricción, habilitando el desembolso y dejando cada vez más sin sustento la defensa del titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, sobre la supuesta legalidad de sus cobros entre marzo de 2025 y febrero de este año.

En vez de precautelar el buen uso del dinero de sus representados, los legisladores paraguayos se dedican a malgastarlo en beneficio propio, de sus parientes y de sus clientelas políticas. El Poder Legislativo se ha vuelto una máquina para exprimir a los contribuyentes, a costa de la salud y de la educación públicas, entre otros servicios plagados de carencias. El interés particular de sus bien remunerados miembros prima sobre el general, aunque traten de ocultarlo –en vano– mediante los habituales discursos demagógicos. Las nuevas revelaciones en torno a la ley presupuestaria vigente son un ejemplo más del empleo discrecional de fondos públicos en perjuicio de la población. La austeridad es necesaria, no solo durante una “economía de guerra”, como la que existiría hoy, porque el dinero de los contribuyentes se malversa y se derrocha a manos llenas. La “clase política”, por así llamarla, está convencida de que quienes ejercen una función pública pueden disponer del dinero de todos a su arbitrio. Y bien, el fisco no es –no debe ser– un botín que cae en manos de los vencedores de unas elecciones.