14 de marzo de 2026

Sebastián Marset fue capturado este viernes 13 de marzo luego de varios años de búsqueda y gracias a un trabajo encabezado por las autoridades de Bolivia. El narcotraficante, que se convirtió en uno de los cinco más buscados por la DEA, estableció fuertes vínculos con el crimen organizado en Paraguay y desde el Congreso se llegó a impulsar una denuncia contra fiscales por la grave inacción que habría permitido la fuga del uruguayo.

El Ministerio Público presentó apelación en contra del “blanqueo” del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, y pide que la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero sea nuevamente juzgada por jueces especializados. Según la acusación, la pareja no pudo justificar egresos por más de G. 10.000 millones.

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Víctor Alfieri, como presidente, Alba González y Darío Báez, absolvieron por unanimidad y con “certeza absoluta” al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, de la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, alegando una deficiente investigación de la Fiscalía. Incluso, pidieron perdón a los mismos, en nombre del Estado paraguayo.

La fiscala adjunta Patricia Rivarola y el querellante Isidoro Colmán Moreno presentaron apelación en contra de la resolución que declaró la extinción de la causa penal y el sobreseimiento definitivo de los procesados por la supuesta malversación de más de 2 billones y medio de guaraníes atribuido a los directivos de la Caja Bancaria.

Respecto a la escribanía “Julio Cáceres Carrillo”, que expidió un supuesto certificado de cédula verde en trámite el 12 de enero de este año, la comisaria María Zampirópolos aseguró que ya tienen un caso irregular similar con el mismo escribano y que ya hay una carpeta abierta en la Fiscalía.

La activista anticorrupción Esther Roa, presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, realizó duros cuestionamientos contra el Ministerio Público y otros operadores por la impunidad decretada en el caso conocido como “megalavado”, donde se “investigó” el origen de unos US$ 1.200 millones, que incluso, presuntamente, eran remitidos a organizaciones terroristas.