22 de septiembre de 2025
En Cámara de Diputados se vuelve a reflotar un proyecto de ley con una sutil pero muy peligrosa modificación al Código Procesal Penal, que desde la propia Corte Suprema de Justicia advirtieron que sería favorable para que políticos corruptos logren salidas rápidas y baratas. Sería la versión 2.0 del anterior proyecto de “blanqueo exprés” que a duras penas se evitó que prospere.
La fiscala adjunta Patricia Rivarola y el querellante Isidoro Colmán Moreno presentaron apelación en contra de la resolución que declaró la extinción de la causa penal y el sobreseimiento definitivo de los procesados por la supuesta malversación de más de 2 billones y medio de guaraníes atribuido a los directivos de la Caja Bancaria.
Respecto a la escribanía “Julio Cáceres Carrillo”, que expidió un supuesto certificado de cédula verde en trámite el 12 de enero de este año, la comisaria María Zampirópolos aseguró que ya tienen un caso irregular similar con el mismo escribano y que ya hay una carpeta abierta en la Fiscalía.
La activista anticorrupción Esther Roa, presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, realizó duros cuestionamientos contra el Ministerio Público y otros operadores por la impunidad decretada en el caso conocido como “megalavado”, donde se “investigó” el origen de unos US$ 1.200 millones, que incluso, presuntamente, eran remitidos a organizaciones terroristas.
El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en una audiencia pública procedió a la rendición de cuentas al ciudadano en lo que refiere a la gestión misional y administrativa de la institución, en lo que destacó los avances realizados. Sin embargo, aún persiste la desconfianza ante presuntos “blanqueos” a operadores de justicia.
La Cámara de Senadores dio media sanción a un riesgoso proyecto de ley que plantea ampliar el alcance del beneficio de “procedimiento abreviado”, es decir, que crímenes con expectativa de pena de hasta doce años se negocien con la fiscalía para no ir a juicio oral y público.