19 de noviembre de 2025

Aunque el MOPC aseguró que iniciará de forma “inminente” la obra de la autopista elevada de Luque y sus accesos, sigue sin revelar qué bancos —locales o extranjeros— financiarán el proyecto otorgado mediante la adenda 7 a Rutas del Este, dentro de la concesión de la Ruta PY02. La ministra Claudia Centurión evitó ayer responder sobre la procedencia del financiamiento de estas obras, otorgadas a través de un convenio modificatorio y sin licitación mediante la ley de APP.


El arquitecto Fernando Maidana, del Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), habló sobre las verdaderas necesidades de movilidad en Paraguay. Además, criticó el proyecto del MOPC de la instalación de una autopista elevada de cuatro kilómetros rumbo a Luque que, según expertos, agravan el problema del transporte.
Desde el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), destacan que por US$ 150 millones al año se puede solucionar el problema de transporte público en Asunción y Central. Eso es menos que lo que prevé invertir el MOPC en la autopista elevada de Luque. Voceros resaltan que esa obra va a empeorar el tránsito y que el ministerio ignora todos los estudios técnicos que se hicieron para solucionar el problema real de la movilidad urbana.

El Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) rechazó el proyecto del MOPC que prevé una autopista elevada entre Luque y Asunción. Alertó sobre sus impactos negativos y propuso como alternativa una inversión sostenida en transporte público mediante un plan de movilidad urbana integrada y sustentable.

El proyecto de la autopista elevada de Luque, como parte de la ampliación de las rutas Luque-Areguá y Luque-San Bernardino hasta la ruta PY02, afectará a propiedades privadas, lo que requerirá una millonaria inversión para las expropiaciones. La construcción comenzará a finales de 2025 y los trabajos durarán tres años, aunque el proyecto final aún no ha sido aprobado.

El Gobierno presentó un plan para una autopista elevada, de 4 km, en Luque y el mejoramiento de las rutas Luque-San Bernardino y Luque-Areguá. El proyecto carga ya con una denuncia de conflicto de intereses, relacionada con el senador colorado Luis Pettengill, dueño de una concesionaria de la ruta PY02, a la que otorgaron las obras con una simple ampliación de contrato. La ministra de Obras, Claudia Centurión, asegura que el senador ya no está vinculado a sus empresas y dio algunos detalles sobre el aumento previsto.