El Poder Ejecutivo, a través del Decreto Nº 8759, reglamentó la Ley Nº 7050 de Presupuesto General de la Nación (PGN) y estableció la implementación gradual de los aumentos salariales y creaciones de cargos.
La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que el menor crecimiento de la economía impactará negativamente en los ingresos fiscales, además el subsidio a los combustibles, las presiones por aumentos salariales, ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país.
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, anunció que el decreto que establecerá los lineamientos para la elaboración del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2023, prohibirá a las instituciones públicas incluir en sus anteproyectos aumentos salariales para los funcionarios.
Miguel Kurita, ministro interino de la Secretaría de Emergencia Nacional, reconoció hoy que hubo un aumento de salario para algunos directores de la institución. Refirió que la medida se tomó para tratar de equiparar los sueldos, aunque sostuvo que las desigualdades en los cobros siguen. Además, precisó que fue él mismo el que pidió los rubros a Hacienda.
Las autoridades deben ser muy prudentes con los pedidos de aumentos salariales a funcionarios públicos, ya que no hay margen fiscal para ello, coincidieron expertos. En cuanto al salario mínimo legal, expresan que a lo sumo debe ajustarse en línea con la inflación.
El pronóstico de crecimiento para el año que viene se ha vuelto tan incierto que del proyectado y exiguo 3,7% del Producto Interno Bruto se estaría incluso llegando a no más del 2%. Una tremenda caída que tiene explicaciones.