La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP) dio a conocer su postura en todo lo que refiere al escándalo legislativo y judicial revelado con los chats del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, caso conocido como #LaMafiaManda. “Nuestra nucleación hace un llamado a las autoridades competentes para que investiguen objetivamente”, detallan.
El presidente del Consejo de la Magistratura Oscar Paciello acusó que la ruidosa manifestación que obstruía la prosecución de la sesión ordinaria por parte de miembros de la Asociación de Magistrados, afectados por aplazos masivos, constituye delito y cuestionaron que era en horario laboral de los operadores de justicia. Los consejeros resolvieron finalmente recibir a cinco representantes del gremio.
Ante los aplazos masivos de jueces, fiscales, defensores públicos y síndicos que concursan para seguir en sus cargos, la Asociación de Magistrados solicitó al Consejo de la Magistratura (CM) que le provea los exámenes donde el 44% de los operadores de justicia no obtuvieron el puntaje mínimo.
Apenas el 10% de los concursantes a diversos fueros dentro del Poder Judicial pasó los exámenes de conocimiento específico organizados por el Consejo de la Magistratura. Al respecto, la Asociación de Magistrados Judiciales emitió una serie de reclamos y críticas al proceso de evaluación. También exigen la reposición de los puntos perdidos.
Miembros de la Asociación de Jueces del Paraguay pidieron por nota a su titular, el camarista Delio Vera Navarro, el retiro del anteproyecto de Ley de la Carrera Judicial, al tiempo de cuestionar su actuación. En esa línea se pronunció la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, cuyo presidente es el camarista Ángel Daniel Cohene. Los operadores de justicia argumentan que el anteproyecto afecta a derechos jubilatorios adquiridos, al elevar el tiempo de aporte y la edad para pasar a retiro de la magistratura,
La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP) solicita a los organismos de seguridad a proveer personal capacitado y suficiente para resguardar, tanto a los operadores de justicia como a los usuarios del sistema de justicia que acuden a las sedes del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa Pública.