El tema que saltó al tapete esta semana, el del diputado itapuense Christian Brunaga (ANR HC) y sus “asesoras vip”, ya no sorprende a nadie. No es el único, ni será el último de los ñembo “representantes del pueblo” que se valen de su posición en el tablero político para, sin una pizca de vergüenza, aprovecharse de los recursos del Estado, es decir, de todos nosotros. En nuestro país, como en muchos otros, se ha instalado un modelo perverso que desnaturaliza el concepto de democracia y los fines de la política, y los convierte en herramientas para beneficio propio, bajo un ropaje de legalidad. Una “legalidad” desprovista de toda ética.
Una de las expulsadas de la Universidad Católica por haber comprado notas tiene el cargo de asesora en la Cámara de Diputados, donde su papá ocupa un escaño como legislador por el departamento Central.
La asesora externa en Medioambiente del diputado José María Ibáñez, Moema Minck, fue contratada para cobrar el sueldo de los caseros del legislador y después entregárselo a la jefa de Gabinete del mismo, María Liz Gutiérrez.
RÍO DE JANEIRO (ANSA). La Policía Federal brasileña investiga a una asesora del gobierno del expresidente Luiz Lula da Silva, quien, según la denuncia de un dirigente político opositor, habría llevado 25 millones de euros a Portugal ocultos en una valija diplomática, según publicó ayer un diario local.
Una asesora jurídica del Ministerio Público fue separada del cargo debido a que supuestamente pidió coima a un recluso de la cárcel de Tacumbú, con el fin de ayudarlo en un proceso penal.