10 de agosto de 2025
CARAPEGUÁ. Unas 100 familias del asentamiento Nueva Esperanza, en este distrito, departamento de Paraguarí, se encuentran en alerta tras recibir notificaciones del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través de la Secretaría de Acción Social (SAS). En las comunicaciones se les exige el pago del 10% de la deuda correspondiente a sus lotes, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, podrían perder el derecho de posesión y ser desalojados.
Un grupo de pobladores que residen en un asentamiento de la compañía de Potrero Guazú de Itauguá denunciaron el cobro indebido por la ocupación de tierras que fueron compradas por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) hace 10 años. Piden a las autoridades del MDS y de la Municipalidad de Itauguá la intervención para que se pueda controlar el proceso de entrega de las tierras a las personas de escasos recursos.
Ocupantes del asentamiento 29 de agosto de la compañía Potrerito de Ypané salieron a la ruta PY01 para exigir la expropiación de las 28 hectáreas que ocupan desde el 2000. El pedido fue vetado por el presidente de la República, Santiago Peña. Si no prospera la expropiación los propietarios solicitarán el desalojo.
YPANE. Ocupantes del asentamiento 29 de agosto de la compañía Potrerito de este distrito se encuentran en pie de guerra ante un inminente desalojo, tras el veto del presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), a un pedido de expropiación del inmueble. Mañana la cámara de diputados trata el veto. Los ocupantes amenazan con cerrar la Ruta PY01. Si no prospera la expropiación los propietarios solicitarán el desalojo, según indicaron los afectados.
J. AUGUSTO SALDÍVAR. Supuestos dirigentes sociales se diputan el liderazgo y generan enfrentamientos entre ocupantes de una propiedad privada de este distrito. El domingo último se generó una pelea que terminó con personas heridas y dos detenidos. El territorio social se denomina Arapoty y se encuentra en una propiedad de 9 hectáreas en litigio, según denuncia.
VILLETA. Ocupantes del Territorio Social “El Arca” de la compañía Naranjaisy de este distrito denunciaron que fueron violentamente desalojados por un grupo de patotas, dirigido por la comisión vecinal de la zona. El procedimiento se realizó con apoyo de la Intendencia, con presencia policial y sin ninguna orden judicial, aseguraron. La fiscalía local se desentiende del caso. Varias personas salieron golpeadas.