21 de agosto de 2025
El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, defendió los millonarios contratos otorgados a la empresa Astelev para la compra y mantenimiento de ascensores en el edificio legislativo. Burlando lo establecido por Ley de Contrataciones, alegó que no tenían la responsabilidad de verificar la documentación de los oferentes antes de las adjudicaciones.
El millonario proceso licitatorio para la provisión e instalación de ascensores en la sede del Congreso Nacional sufre un nuevo revés. Uno de los oferentes adjudicados habría falseado documentos que guardan relación a la empresa TK Elevadores Paraguay.
Los seis nuevos ascensores que forman parte de una cuestionada licitación adjudicada por Basilio “Bachi” Núñez siguen en curso pese a la protesta ingresada recientemente. Desde el Parlamento confirmaron que los equipos ya están camino a Paraguay y la instalación terminará a finales de mayo, aproximadamente.
Prácticamente a diario se dan a conocer irregularidades por el mal funcionamiento de los ascensores en el Hospital de Clínicas, concurrido por muchísimas personas. En el caso de este domingo, profesionales reportaron que una paciente que debe ser sometida a una cirugía de la columna tuvo que utilizar las escaleras, ya que uno de los elevadores no estaba funcionando.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) investiga otra denuncia presentada contra la empresa unipersonal Astelev, de Simón Recalde, por la supuesta presentación de certificados supuestamente falsos en otra millonaria licitación, esta vez del Ministerio del Interior. La citada compañía ya enfrenta una pesquisa similar por un contrato adjudicado por el Congreso Nacional, cuyo presidente es Basilio “Bachi” Núñez.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) avanza en la investigación del contrato firmado por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, para la provisión e instalación de ascensores en la sede del Poder Legislativo. Según la denuncia recepcionada por la institución rectora de compras públicas, la empresa Astelev, de Simón Recalde, habría falsificado documentos para quedarse con el contrato por casi G. 2.570 millones.