El Ministerio Público presentó imputación contra Fernando González Karjallo, hijo del usurero luqueño Ramón González Daher (RGD), por presunta apropiación y usurpación de funciones públicas. La presentación fiscal se da luego que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) haya denunciado que el sentencia a 5 años de cárcel por lavado de dinero sigue alquilando y cobrando por un inmueble que le fue comisado y ya está registrado a favor del Estado.
CAAGUAZÚ. María Elena Caballero, hija del escribano Mario León Caballero Adorno, del distrito de Ybycuí, en el departamento de Paraguarí, es la principal sospechosa de haber proporcionado los documentos necesarios para la elaboración del poder general con el cual se efectivizaron dos cheques de G. 400 millones cada uno. Estos fueron expedidos por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a favor de dos familias de escasos recursos de Caaguazú, y que fueron apropiados por Anadelia Acosta y el abogado Darío Flores. La fiscala Norma Salinas ha señalado que María Elena Caballero será imputada en los próximos días.
CAAGUAZÚ. La exfuncionaria de la Cámara de Diputados, Anadelia Acosta, y el abogado Darío Flores deberán devolver los G. 125 millones restantes de los G. 800 millones que la ANDE desembolsó en concepto de indemnización a favor de dos familias humildes de esta localidad. La fiscalía asegura que el dinero restante pertenece al Estado y que debe ser devuelto a la entidad emisora para que el caso de apropiación y estafa quede extinguido.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), comentó que la funcionaria de la Cámara Baja Anadelia Acosta, imputada por presunta estafa y apropiación de más de 700 millones de guaraníes que correspondían a dos familias de escasos recursos de Caaguazú, presentó una solicitud de permiso para ausentarse de su lugar de trabajo, que le será negada.
El gerente general del Banco Nacional de Fomento dijo que está en curso una investigación interna sobre el cobro de cheques por 800 millones de guaraníes que estaban destinados a dos familias de escasos recursos como indemnización por muerte accidental. De gran parte de ese monto se habrían apropiado personas que gestionaron el resarcimiento en nombre de las familias. La Fiscalía cree que hubo complicidad de funcionarios del BNF.
La fiscala a cargo de investigar la supuesta apropiación por parte de una funcionaria del Congreso de 725 millones de guaraníes que correspondían a dos familias de escasos recursos como indemnización por la muerte de sus familiares dijo que solicitó la semana pasada informes al Banco Nacional de Fomento para determinar quién efectivizó los cheques. Afirmó que solicitará una orden judicial para acceder a los datos si no recibe la información hoy.