12 de agosto de 2025
A pedido del Ministerio Público el juez de Garantías Raúl Florentín dictó el sobreseimiento provisional de Fernando González Karjallo, hijo del usurero luqueño Ramón González Daher, en la causa que afronta por presuntamente haber alquilado inmuebles comisados y que estaban ya bajo poder de la Senabico. El fiscal Aldo Cantero había solicitado la extinción del caso, alegando un acuerdo entre las partes; pero el magistrado atendió el pedido de la Fiscalía Adjunta.
Padres y alumnos del 9º grado del turno mañana de la escuela N° 2.121 Inmaculada Concepción de la ciudad de San Lorenzo se vieron obligados a suspender la fiesta de colación de sus hijos. La razón es que la tesorera de la comisión de padres del curso se habría apropiado de G. 18.411.000 que pertenecían al curso. Los afectados realizaron la denuncia ante la fiscalía.
El fiscal Aldo Cantero volvió a presentar la imputación en contra del condenado Fernando Ramón González Karjallo porque presuntamente sigue alquilando y cobrando por un inmueble que le fue comisado y está a cargo de Senabico. La investigación se inició con una denuncia presentada por la propia ministra Teresa Rojas, quien también atribuyó los mismos hechos a Ramón González Daher, pero en relación con otro inmueble.
El Ministerio Público presentó imputación contra Fernando González Karjallo, hijo del usurero luqueño Ramón González Daher (RGD), por presunta apropiación y usurpación de funciones públicas. La presentación fiscal se da luego que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) haya denunciado que el sentencia a 5 años de cárcel por lavado de dinero sigue alquilando y cobrando por un inmueble que le fue comisado y ya está registrado a favor del Estado.
Así como habría hecho su hijo Fernando González Karjallo, condenado a 5 años de cárcel por lavado de activos; el usurero luqueño Ramón González Daher, sentenciado a 15 años de prisión, también estaría alquilando una vivienda que le fue comisada y pasó a nombre de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). La institución estatal denunció el hecho ante la fiscalía.