10 de junio de 2025
La empresa recicladora Solución Ambiental SA, a través de su representante legal, María Elena Alcaraz, denunció penalmente al intendente de Zanja Pytã (Amambay), Pablino Arévalos (ANR), por presunta apropiación. La acción fue promovida en la sede central del Ministerio Público y derivada a Pedro Juan Caballero. El jefe comunal niega la acusación y califica de estafadora a la representante legal de la empresa que lo denunció.
El Ministerio Público presentó imputación contra Fernando González Karjallo, hijo del usurero luqueño Ramón González Daher (RGD), por presunta apropiación y usurpación de funciones públicas. La presentación fiscal se da luego que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) haya denunciado que el sentencia a 5 años de cárcel por lavado de dinero sigue alquilando y cobrando por un inmueble que le fue comisado y ya está registrado a favor del Estado.
Así como habría hecho su hijo Fernando González Karjallo, condenado a 5 años de cárcel por lavado de activos; el usurero luqueño Ramón González Daher, sentenciado a 15 años de prisión, también estaría alquilando una vivienda que le fue comisada y pasó a nombre de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). La institución estatal denunció el hecho ante la fiscalía.
El condenado a 5 años de cárcel Fernando González Karjallo, hijo de Ramón González Daher (RGD), fue denunciado ante la Fiscalía por la Secretaría Nacional de Administración Bienes Incautados y Comisados (Senabico), por presuntamente seguir alquilando y quedarse con el dinero de un inmueble comisado en el marco de la causa por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.
CIUDAD DEL ESTE. La abogada y docente María Lourdes Parra Colmán fue imputada en dos causas penales abiertas por la Fiscalía y por supuestamente abandonar a sus padres enfermos, tras apoderarse de todos sus bienes bajo engaños.
El exintendente de Lambaré Armando Ramón Gómez Arévalo, de 56 años, y su exdirector de Administración y Finanzas Roberto Ever Paredes Ojeda cumplirán arresto domiciliario en el proceso que afrontan por presunta lesión de confianza y apropiación, por el desvío de más de G. 7.300 millones de fondos jubilatorios. La fiscalía había solicitado la prisión preventiva del político liberal, ya que es la segunda causa que afronta por hechos de corrupción.