La Contraloría cerró en agosto último el informe del “análisis documental” que realizó sobre la fallida compra de gasoíl a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja. Pero recién ahora el ente de control dio a conocer el documento, el cual no derivó en una auditoría, pese a los indicios de direccionamiento y posible corrupción en la petrolera pública. En esta nota te contamos la recomendación que dio el organismo a la estatal.
En una entrevista que la empresaria Andrea Lafarja dio a ABC Cardinal, en octubre del año pasado, admitió que si no entregaba el gasoíl a Petropar, debía pagar una “multa” a la estatal por este incumplimiento. Sin embargo, tras la rescisión de su contrato se desentendió de esta obligación contractual y el caso se judicializó.
La Contraloría confirmó que ya cerró la verificación que venía realizando al fallido contrato de Petropar con la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, sin investigar los indicios de corrupción. El ente de control dio punto final al caso tras la demanda de la estatal a la empresa de la corredora de rally, según indicaron.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) inhabilitó por cinco meses a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, tras la rescisión del contrato que Petropar le había adjudicado para la provisión de gasoíl por US$ 51,5 millones. Asimismo, Petropar demandó a la firma para cobrar US$ 1,5 millones en concepto de garantía.
Pese a que el juzgado admitió la demanda de Petropar contra la firma AP SA, de Andrea Lafarja, para cobrar la garantía por US$ 1,5 millones tras la fallida compra de gasoíl, la estatal no hizo nada para que el juicio avance. Eddie Jara, titular de la petrolera pública, fue abordado ayer sobre esta inacción y señaló que recién ahora dio instrucciones para que se hagan los trámites.
Petropar “demandó” en diciembre del año pasado a la firma AP SA, de Andrea Lafarja, en un juzgado civil y comercial de la capital, para poder cobrar la garantía por US$ 1,5 millones, tras la fallida compra de gasoíl. El 13 de febrero último el juez que lleva el caso admitió la demanda, pero la estatal ya no hizo las gestiones para que el juicio pueda avanzar.