La defensa de la exfiscala Ana Girala presentó un nuevo recurso en contra de la resolución de la Cámara de Apelaciones que confirmó al Tribunal de Sentencia que debe juzgar la causa abierta por un presunto esquema de apriete y coimas. El caso queda a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver si confirma o no a los jueces de sentencia, quienes fueron recusados el pasado 5 de febrero, fecha en que debió iniciarse el juicio oral.
Álvaro Arias, representante legal del colegio privado de Lambaré, donde supuestamente se dio un caso de abuso sexual, cuestionó las actuaciones de la Fiscalía en lo referido a las investigaciones en la causa. Según señaló, el expediente tiene varias irregularidades y los tipos penales que se atribuyen a las docentes no requieren de prisión preventiva. El pasado viernes el Tribunal de Apelación de Central revocó la prisión de las tres mujeres y les dio arresto domiciliario.
El colegio privado de Lambaré emitió una nota al Juzgado de la Niñez para que este solicite a la Fiscalía que identifique a los estudiantes que están acusados de abusar de otro alumno. El principal argumento es que retornarán en todos los niveles las clases presenciales en esta institución y -señalan- desconocen la identidad de los supuestos agresores.
El abogado Álvaro Arias señaló que el exdiputado Juan Carlos Ozorio negó ser la persona a quien se escucha en un audio conversando con referentes ligados al narcotráfico. El exlegislador aseguró inclusive que estos elementos fueron montados.
El abogado Álvaro Arias, defensor de Raúl Fernández Lippmann, planteó un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra el fallo de la Cámara de Apelaciones que el pasado 28 de abril anuló la absolución de su cliente en el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El abogado Álvaro Arias, defensor de Raúl Fernández Lippmann, señaló que la Fiscalía actuó de forma deficiente, por lo que quedó sin pruebas en el juicio sobre los audios filtrados del JEM. Igualmente, no descartó que sea para beneficiar a los acusados, entre ellos Óscar González Daher. El Ministerio Público no pudo extraer datos de un DVR del circuito cerrado porque no tenía la clave de acceso.