alimentos

La inflación de los precios internos de los alimentos continúa en niveles moderadamente altos a escala global, con una tendencia que afecta con mayor intensidad a los países de ingreso bajo y mediano. De acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Banco Mundial (BM), más de la mitad de estas economías registran variaciones superiores al 5%. En los países de ingreso bajo, el 55,6% supera ese umbral, mientras que en los de ingreso mediano bajo la proporción asciende a 51,1% y en los de ingreso mediano alto llega al 55%. En los países de ingreso alto, en cambio, solo el 20% muestra incrementos similares, sin cambios respecto a la actualización previa.

El acceso a los alimentos depende en gran medida de los recursos financieros y físicos de los hogares, lo que permite asegurar una dieta adecuada y estable. Sin embargo, los efectos del cambio climático y los desastres naturales ponen en riesgo este acceso, principalmente a través de dos vías: la disminución de los ingresos rurales -debido a la caída de la productividad agrícola- y el aumento de los precios de los alimentos como consecuencia de una menor disponibilidad de productos. Ambos fenómenos, estrechamente vinculados, tienen implicaciones directas sobre la pobreza y la seguridad alimentaria, especialmente en los países en desarrollo.

Desde hace largos años, el Instituto de Previsión Social (IPS) está signado por la corrupción, el derroche y la ineptitud, razones por las que los asegurados y sus familiares sufren penurias sin cuento. Los sucesivos Gobiernos no pueden o no quieren sanearlo. En realidad, deberían intentar al menos reanimarlo, dado que ya parecería un “cadáver”, tal como lo calificó su exgerente Carlos Morínigo, poco antes de ser destituido con ignominia el año pasado. En la putrefacta entidad, cuyo Consejo de Administración está presidido por Jorge Magno Brítez, se descubrió en 2024 que se había llegado incluso a vender cargos a miles de incautos, razón por la cual serán juzgados veinte presuntos estafadores, en su gran mayoría exfuncionarios del IPS. En verdad, se trata de un caso excepcional, pues no abundan las pesquisas tan siquiera abiertas por las diversas fechorías cometidas tradicionalmente.

Otros dos procesos del IPS para compra de alimentos, por un monto global de G. 36.360 millones (alrededor de US$ 5,1 millones), fueron suspendidos por Contrataciones Públicas. En ambos casos también figuran requisitos sugestivos en el pliego de bases y condiciones (PBC), como la obligatoriedad de ser elaborador de dulces y turrones, pese a que estos productos no aparecen en los proyectos de menús para los pacientes y funcionarios de la previsional. Se sospecha el direccionamiento hacia empresas proveedoras del programa Hambre Cero.

Registro como elaborador de forma específica de turrón de maní y dulce de batata sin que estos productos aparezcan en el menú, además de márgenes de capacidad financiera por encima de convocatorias de este tipo exige el IPS a las empresas interesadas en participar del llamado a licitación para la compra de alimentos para pacientes y funcionarios del Hospital Ingavi, por G. 26.561 millones, más de US$ 3,7 millones. La DNCP suspendió el avance del proceso debido a protestas.