4 de febrero de 2026

El MOPC confirmó el cierre de la financiación por más de US$ 215 millones para el viaducto elevado de Luque y los accesos a la ruta PY02 hasta Ypacaraí, un megaproyecto concedido sin licitación, mediante una adenda a la APP de Rutas del Este. Las obras se inician en medio de protestas de vecinos, denuncias penales sin avances y cuestionamientos por su impacto ambiental, con un plazo de ejecución de 30 meses.

Rutas del Este, concesionaria de la ruta PY02, licitó la subcontratación de las obras a llevarse a cabo en el plan de mejoramiento de las rutas Luque-Areguá y Luque-San Bernardino, hasta la conexión de ambas carreteras con la PY02. Este proyecto también contempla la construcción de una autopista elevada de 4 km que cruzará prácticamente toda la ciudad de Luque.

El creciente interés del sector privado por desarrollar obras mediante la modalidad de Alianza Público-Privada (APP) refleja la confianza en este tipo de proyectos, sostuvo el director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Amilcar Guillén, quien será panelista en el debate sobre la nueva Ley APP.

La duplicación y mejoramiento de la Ruta PY01, entre Cuatro Mojones y Quiindy, se realizará bajo la modalidad de Alianza Público-Privada. La firma adjudicada deberá conseguir la financiación de US$ 428 millones en obras y, a cambio, podrá percibir más de US$ 1.300 millones durante 30 años mediante pagos por inversión, mantenimiento y tráfico.
Pese al “atractivo” del grado de inversión, solo dos consorcios presentaron ofertas para duplicar y mejorar la ruta PY01, desde Cuatro Mojones hasta Quiindy. El proyecto, que demanda una inversión de US$ 428 millones y una concesión de 30 años bajo la modalidad APP, enfrenta el desafío del cierre financiero en un contexto internacional incierto.

El proyecto de la autopista elevada de Luque, como parte de la ampliación de las rutas Luque-Areguá y Luque-San Bernardino hasta la ruta PY02, afectará a propiedades privadas, lo que requerirá una millonaria inversión para las expropiaciones. La construcción comenzará a finales de 2025 y los trabajos durarán tres años, aunque el proyecto final aún no ha sido aprobado.