7 de julio de 2025
Un juzgado de lo laboral del primer turno hizo lugar a una acción de amparo constitucional presentada por vecinos del barrio Zárate Isla de Luque, quienes denunciaron la instalación irregular de una planta hormigonera en una zona residencial.
La abogada especializada en derechos humanos y anticorrupción, Alejandra Peralta Merlo, reclamó que le negaron la entrada al Congreso Nacional este lunes, cuando acudió en calidad de ciudadana para escuchar la conferencia de prensa de “rendición de cuentas” del senador Gustavo Leite (ANR-HC). Igualmente, la abogada envió sus preguntas, relacionadas principalmente a las facturas.
Para las abogadas María Victoria Rivas y Alejandra Peralta Merlo, la ley anti-ONG fue creada por el cartismo para aniquilar a la sociedad civil crítica. Agregaron que el oficialismo apoyado por medios del cartismo impulsan una campaña de desinformación para instalar mentiras.
Alejandra Peralta Merlo y María Victoria Rivas, abogadas, hablaron sobre el proyecto de ley que pretende controlar a las ONG, que será analizada ahora por la Cámara de Senadores. La abogada María Victoria afirmó que la intención sería perseguir a las organizaciones que no simpaticen con el Gobierno. Peralta Merlo concluyó en que las intenciones son beneficiar a los intereses de quien “tuerce el brazo”.
Las abogadas, Alejandra Peralta Merlo y María Victoria Rivas, criticaron al proyecto de ley que pretende funcionar de “garrote” contra las ONG. María Victoria mencionó que, en este momento, las organizaciones pequeñas se repliegan por miedo a recibir el garrote del cartismo. “Atacan la libertad de expresión y la libertad de asociación”, dijo la abogada Peralta. Ambas coincidieron en que es un retroceso en la democracia del país.
La abogada especialista en Derechos Humanos Alejandra Peralta Merlo afirmó que las modificaciones propuestas por Santiago Peña al proyecto de ley anti-ONG —calificadas como “boludeces” por el senador Gustavo Leite— son ajustes a medida de los intereses del cartismo, los cuales mencionó. Cuestionó, por ejemplo, la exclusión de los clubes de fútbol y partidos políticos como sujetos obligados de control.