14 de junio de 2025
El diputado Rubén Rubín presentará un proyecto para declarar Emergencia de Seguridad Nacional con medidas como juzgar a adolescentes como adultos, habilitar la cadena perpetua y permitir que las Fuerzas Armadas apoyen en tareas de seguridad. Justificó su postura afirmando que la protección de la sociedad debe estar por encima de la readaptación de los condenados, lo que generó críticas de sectores defensores de los derechos humanos.
Para las abogadas María Victoria Rivas y Alejandra Peralta Merlo, la ley anti-ONG fue creada por el cartismo para aniquilar a la sociedad civil crítica. Agregaron que el oficialismo apoyado por medios del cartismo impulsan una campaña de desinformación para instalar mentiras.
Alejandra Peralta Merlo y María Victoria Rivas, abogadas, hablaron sobre el proyecto de ley que pretende controlar a las ONG, que será analizada ahora por la Cámara de Senadores. La abogada María Victoria afirmó que la intención sería perseguir a las organizaciones que no simpaticen con el Gobierno. Peralta Merlo concluyó en que las intenciones son beneficiar a los intereses de quien “tuerce el brazo”.
Las abogadas, Alejandra Peralta Merlo y María Victoria Rivas, criticaron al proyecto de ley que pretende funcionar de “garrote” contra las ONG. María Victoria mencionó que, en este momento, las organizaciones pequeñas se repliegan por miedo a recibir el garrote del cartismo. “Atacan la libertad de expresión y la libertad de asociación”, dijo la abogada Peralta. Ambas coincidieron en que es un retroceso en la democracia del país.
La abogada especialista en Derechos Humanos Alejandra Peralta Merlo afirmó que las modificaciones propuestas por Santiago Peña al proyecto de ley anti-ONG —calificadas como “boludeces” por el senador Gustavo Leite— son ajustes a medida de los intereses del cartismo, los cuales mencionó. Cuestionó, por ejemplo, la exclusión de los clubes de fútbol y partidos políticos como sujetos obligados de control.
La abogada Alejandra Peralta advirtió al presidente Santigo Peña que la estabilidad laboral es un derecho protegido por la Convención Americana, y Paraguay tiene que respetarlo y garantizarlo. La idea de fomentar el trabajo con esa estrategia es como eliminar la pobreza matando pobres, opinó.