9 de junio de 2025
Los atropellos por parte del BNF a la ley de compras públicas y sus reglamentaciones no solo afectan al derecho de empresarios oferentes sino además, perjudican la seguridad jurídica del país. Así lo advirtió Eduardo De Gásperi, abogado del único consorcio que se presentó, además de ITTI, a la licitación del core bancario de dicha institución. Urge que DNCP rectifique las acciones que se torcieron durante el proceso, advirtió.
Un documento al que accedió nuestro diario muestra cómo Petropar benefició (y lo sigue haciendo) a la firma catarí representada por Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol. La empresa, a la que se contrató para provisión de diésel por US$ 61 millones, no pudo proveer un solo litro de combustible en el cronograma pactado originalmente, por lo que la estatal le amplió dos veces el plazo. Aún así, no cumplió.
La DNCP, dirigida por Agustín Encina, sigue sin investigar el cuestionado contrato de Petropar con la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, a pesar de los incumplimientos en los plazos de entrega del gasoil por parte de dicha firma. Además, la petrolera pública ya está acelerando otra compra similar, que al parecer Contrataciones Públicas tampoco ha observado.
El titular de la DNCP, Agustín Encina, se refirió a la investigación de oficio que viene realizando a la polémica adjudicación de Petropar a la empresa Faluci SA, que sería de “maletín”, para los servicios de limpieza de sus oficinas. Esto es lo que dijo que el titular del ente.
Luego de que el MOPC haya adjudicado uno de los lotes de la “ruta de la soberanía” a la empresa mexicana Calzada Construcciones, denunciada por falsificación en Perú, sigue esperando que dicha firma extranjera se inscriba como proveedora para poder firmar el contrato. La DNCP informó que la compañía recién inició los trámites para registrarse.
El director de la DNCP, Agustín Encina, justificó que haya rechazado la lluvia de protestas en contra de la adjudicación de uno de los lotes de la “ruta de la soberanía” a la empresa mexicana Calzada Construcciones, denunciada por falsificación en Perú. Señaló que el MOPC tiene la potestad de rescindir dicho contrato, pero solo en caso de que existan incumplimientos.