Independientemente a que el caso de la masiva afiliación irregular e inclusión de personas al padrón de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se trate de un sabotaje informático (hackeo) o haya sido realizado por ellos mismo, lo que se evidencia es que el Estado tiene la obligación de hacerse responsable de controlar el uso y resguardo de estos datos, y para ellos se requiere una Ley que está pendiente de estudio en un mes en el Congreso, según indicó Maricarmen Sequera, representante de la organización Tedic dedica a ciberseguridad. Qué garantías tenemos que más adelante no filtren datos más sensibles se cuestionó.