administración pública

Aunque desde luego no sorprende, es curioso y muy sintomático que un sector del Partido Colorado salga a cuestionar amargamente un concurso para cubrir 220 vacancias en Itaipú, al punto de obtener un pedido de informes del Senado de la Nación, cuando el ahora presidente electo, Santiago Peña, de la misma corriente política, dijo abierta y desvergonzadamente durante su campaña que no valían los títulos ni los méritos para acceder a los cargos públicos, sino la afiliación a la ANR, tal como muy bien lo recordó en la sesión la senadora Desirée Masi. De hecho, se acaba de conocer que, por ejemplo, Óscar “Nenecho” Rodríguez, también perteneciente a esa facción, metió en la Intendencia de Asunción a más de 1.000 empleados sin ningún tipo de concurrencia en lo que va de su mandato. Estos son los hechos que demuestran incontestablemente la necesidad y urgencia de una profunda reforma de la función pública y del Estado en general.

Aunque no existe una definición única de lo que es un pacto social, por lo general se acepta que se trata de un intento de acercar la voluntad de las partes con el fin de lograr un acuerdo que satisfaga a los sectores involucrados, para hacer manejable o sostenible la economía, golpeando lo menos posible los intereses de los más vulnerables. La acotación inicial viene al caso a raíz de la iniciativa de un sector de legisladores que plantea un pacto social para buscar hacer sostenible la Caja Fiscal de Jubilaciones de funcionarios del Estado, que como se sabe está en quiebra técnica, sin posibilidad alguna de recuperarse por sí sola.

El Índice de Confianza del Consumidor, una herramienta suministrada por el BCP para medir la temperatura de la economía y el probable comportamiento de los agentes económicos en el futuro inmediato, cayó cinco puntos en febrero, prácticamente un 10% en un solo mes, y, por ahora, esa parece ser la tendencia. El motivo difícilmente sea económico propiamente dicho, ya que este año se espera un importante “rebote” del crecimiento en comparación con los ejercicios anteriores, de la mano de condiciones climáticas más favorables para la producción agropecuaria. El problema es político. A poco más de un mes de las elecciones, no son nada tranquilizadoras las posiciones y actitudes de los principales candidatos. 

La determinación fraudulenta que afecta la interrelación entre la economía y los intereses de la administración pública se concatenan a partir de los diversos tipos legales que se enuncian en la doctrina comparada, desde la responsabilidad penal que pueda adecuarse y/o subsumirse al funcionario o servidor público que se beneficia indebidamente de un contrato u operación en el que interviene.

Dentro del ámbito económico y de la administración pública existen agentes que buscan alcanzar cierto provecho a costa del patrimonio del Estado, valiéndose de medios fraudulentos, generando una desvirtuación al sistema legal, fomentando la interacción con nuevos fácticos de corrupción. La interacción de la colusión como injusto penal se encuentra acompañada de la expectativa (negativa) de obtener un beneficio extrainstitucional.