29 de marzo de 2026
administración pública
Economía de guerra
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, anunció la implementación de una “economía de guerra” en la administración pública debido a una abrupta caída de las recaudaciones tributarias en relación con lo que se previó en el Presupuesto General de la Nación. A la mitad de su mandato, el gobierno de Santiago Peña se encuentra en una encrucijada de la que solo él es responsable. Tuvo todo a su disposición, condiciones ideales, en medio de un muy favorable ciclo de crecimiento económico, pero no controló el gasto público, derrochó fondos de Itaipú, no hizo importantes reformas a tiempo, o las hizo a medias, y ahora se enfrenta con una marcada desaceleración que le obliga a hacer malabarismos para sostener las cuentas sin tener que subir los impuestos.
Alteración de precios en concursos y subastas
La edificación ontológica que ensambla todo lo referente a aquellas ganancias ilegítimas obtenidas a partir de hechos (fraudulentos), nos revela un nuevo paradigma en el mundo económico, que sucede a partir del injusto de alteración de precios en concursos y subastas públicas. Es que la doctrina contemporánea ha determinado la posición jurídica de subsumir y establecer un sentido de punibilidad para todas aquellas conductas que ocupen un sentido “engañoso” en lo que implica la debida Administración Pública.
Suba de tasas y los recortes presupuestarios afectan al Senacsa
El aumento de la tasa de interés del préstamo BID/ PR-L1148, de US$ 15 millones, al Senacsa, que se inició con 1,12% el 31/12/2020 con vencimiento el 15/09/2023, subió a 6,21%, carga que con los recortes presupuestarios implica un duro desafío financiero de cara al próximo gobierno, según se advirtió.
El ilícito de peculado bancario
Ciertamente, existen nuevos postulados fraudulentos, que habilitan un renovado campo de estudio, cuyo desafío consiste en reconocer aquellos sucesos ilícitos dentro de una institución financiera privada. Es que, la acción ilícita de “peculado” se reconoce desde tiempos vetustos, bajo la denominación de peculatus (derecho romano), que había surgido (en principio) como “hurto” realizado al ganado perteneciente al Estado.
Concursos para llenar vacancias ponen nerviosos a los políticos
Aunque desde luego no sorprende, es curioso y muy sintomático que un sector del Partido Colorado salga a cuestionar amargamente un concurso para cubrir 220 vacancias en Itaipú, al punto de obtener un pedido de informes del Senado de la Nación, cuando el ahora presidente electo, Santiago Peña, de la misma corriente política, dijo abierta y desvergonzadamente durante su campaña que no valían los títulos ni los méritos para acceder a los cargos públicos, sino la afiliación a la ANR, tal como muy bien lo recordó en la sesión la senadora Desirée Masi. De hecho, se acaba de conocer que, por ejemplo, Óscar “Nenecho” Rodríguez, también perteneciente a esa facción, metió en la Intendencia de Asunción a más de 1.000 empleados sin ningún tipo de concurrencia en lo que va de su mandato. Estos son los hechos que demuestran incontestablemente la necesidad y urgencia de una profunda reforma de la función pública y del Estado en general.
Un “pacto social” sin contraparte
Aunque no existe una definición única de lo que es un pacto social, por lo general se acepta que se trata de un intento de acercar la voluntad de las partes con el fin de lograr un acuerdo que satisfaga a los sectores involucrados, para hacer manejable o sostenible la economía, golpeando lo menos posible los intereses de los más vulnerables. La acotación inicial viene al caso a raíz de la iniciativa de un sector de legisladores que plantea un pacto social para buscar hacer sostenible la Caja Fiscal de Jubilaciones de funcionarios del Estado, que como se sabe está en quiebra técnica, sin posibilidad alguna de recuperarse por sí sola.