3 de febrero de 2026

La Fiscalía acusó al concejal municipal del distrito de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, Luis Alberto Sala Ferreira (45), por el hecho de tráfico de influencias. El mismo habría exigido, en nombre de la intendenta local Silvia Trubger, el pago de la suma de G. 24.000.000, supuestamente a cambio de que la misma firme la rectificación de un documento relacionado al fraccionamiento de un terreno.


El suboficial ayudante Kevin Eduardo Montiel Sanabria y la oficial ayudante Gabriela Vasso Mosqueira fueron acusados por la fiscala Ruth Benítez, quien pidió que la causa se discuta en juicio. Además, requirió el comiso de bienes y un arma de fuego. El caso es por la eliminación de notificaciones rojas en el sistema informático de Interpol a Gianina García, pareja de Sebastián Marset, y un colaborador del mismo.

El juez Juan Francisco Blanco Bogado, con su conducta parcialista, perjudicó de manera grave la fusión de dos bancos. El magistrado cometió prevaricatao al admitir una demanda carente de representación legal válida y la tramitio´en forma celera para satisfacer a la demandante,

El abogado Felino Amarilla, en representación del banco Atlas, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), al juez en lo Civil y Comercial Juan Francisco Blanco Bogado. Además pide su enjuiciamiento por presunto mal desempeño funcional y otros hechos más, y por ende su posterior remoción. El mismo había dictado una medida cautelar que prohibió el uso de un software en el marco de la fusión con Banco Familiar.

Un abogado representante de una casa de cobranzas tramitó 83 expedientes en el Juzgado de Paz de La Catedral 1° Turno, a cargo de Gustavo Enmanuel Villalba Báez. Lo llamativo del caso es que 50 causas correspondían a otra jueza, que fue sistemáticamente recusada para que sus juicios quedaran a cargo del juez “amigo”, quien junto a otras cinco personas fueron acusadas en el caso “mafia de los pagarés.

Jueces, actuarios, ujieres y otros auxiliares de justicia son parte de los más de 60 acusados por la “mafia de los pagarés”. El esquema consistía en la promoción de juicios ejecutivos u ordinarios ante los Juzgados de Paz, por parte de abogados de empresas, para el cobro de guaraníes a los deudores. Los operadores judiciales habrían participado activamente con la emisión de resoluciones contrarias a derecho con el fin de obtener un beneficio, según la Fiscalía.