Actuarios judiciales se manifestaron este lunes en el noveno piso del Poder Judicial para pedir que se cumpla la ley y se les otorgue el reajuste salarial que fue aprobado ya el año pasado; sin embargo, nunca fue ejecutado. Solicitaron una audiencia para conversar con los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que establece aumento salarial para actuarios de juzgados y tribunales del Poder Judicial, pese a que no existe fuente de financiamiento. Finalmente se aprobó que el aumento sea del 60% del salario de los jueces de primera instancia, que representará unos G. 2.008.600 para cada funcionario para el último trimestre del año. El próximo año aumento llegará al 75%. El proyecto vuelve a Diputados.
Las propuestas de aumentos salariales que están en el Parlamento para su estudio y aprobación tendrán un costo adicional de US$ 142,9 millones al año y, en contrapartida, los proyectos que modifican los impuestos representarán una disminución en la recaudación de US$ 422 millones.
El economista y exministro de Hacienda, César Barreto, manifestó que existe una preocupación real sobre las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, teniendo en cuenta que el déficit fiscal se ampliará ya por el efecto de la recesión y el injustificado subsidio a los combustibles, a los que se suman las elevadas demandas salariales.
El Sindicato de Funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (Sifusset) del Ministerio de Hacienda no perdió tiempo y un día después de la aprobación de un aumento salarial del 63,6% para los actuarios judiciales, presentó ante las autoridades su pedido de incremento como “actualización o reajuste”.
El presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay, Beltrán Macchi, calificó de lamentable que en medio de tantas necesidades e incertidumbre, las decisiones del Parlamento y del Poder Ejecutivo apunten a asegurar la clientela política que los vote en las próximas elecciones.