10 de noviembre de 2025

El abogado constitucionalista Manuel Riera afirmó que la Constitución Nacional es clara al establecer que los ministros de la Corte Suprema de Justicia no pueden permanecer más de cinco años en el cargo. De esta manera, cuestiona la acción promovida por el ministro Víctor Ríos, que busca declarar su inamovilidad.


Alrededor de 300 postulantes mujeres para seguir la carrera de agente policial presentarán una acción de inconstitucionalidad por haber sido excluidas del Instituto Superior de Educación Policial (Isepol). Insisten en que fueron discriminadas y ahora apuntan contra la Defensoría del Pueblo por no prestar interés al caso.

Luego que fuera rechazada el amparo constitucional presentado por la Defensoría del Pueblo, por errores técnicos, en el caso de las mujeres que fueron excluidas del Instituto Superior de Educación Policial, las mismas presentarán mañana una acción de inconstitucionalidad, con el respaldo de un grupo de abogadas y de la exministra de la Defensa Pública, Lorena Segovia.

Abogados de nueve municipalidades promovieron una acción de inconstitucionalidad para frenar los nuevos precios para las habilitaciones vehiculares. Consideran que con la nueva ley se están vulnerando normas constitucionales y se atenta contra la autonomía municipal. Por ese motivo, piden como medida de urgencia la suspensión inmediata de los efectos del artículo considerado como inconstitucional.

Hasta el momento, son 15 los municipios de Central que presentarán el próximo miércoles una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 7447, que establece el costo unificado de la habilitación vehicular, por violar la autonomía municipal y el principio de igualdad impositiva con base en la capacidad económica de los contribuyentes.

La empresa Mota Engil presentó ayer una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de cobrar los US$ 19 millones que un laudo arbitral había condenado a pagar al Estado paraguayo a favor de la empresa portuguesa, como consecuencia del fallido proyecto del metrobús. Esta sentencia había sido parcialmente anulada por un tribunal de la capital, lo que redujo la condena a US$ 2,6 millones. Sin embargo, la empresa extranjera ahora insiste ante la Corte Suprema para que se le pague el monto originalmente establecido en la sentencia internacional.