22 de octubre de 2025
La coherencia del presidente de la República, Santiago Peña, estará a prueba una vez que tenga en su poder el controvertido proyecto de ley de “protección a datos personales”, que en manos del cartismo se convirtió en una bomba que podría dinamitar las leyes de transparencia y acceso a información pública. Siendo ministro, Peña tildaba de “gran aliada” la transparencia y que, afirmaba, era un bien ciudadano que no tenía vuelta atrás.
La Cámara de Diputados volvió a incluir en el orden del día de la sesión de hoy martes 30 el proyecto de ley de Protección de Datos Personales, en medio de una ascendente actitud autoritaria del cartismo, que podría coronarse con la sanción de esta ley, “jugando a matar” contra la transparencia y acceso a información pública.
En medio del caso de los “Sobres del poder” que salpica al presidente de la República, Santiago Peña, mañana Diputados podría sancionar la ley de Datos Personales, con la cual aniquilarán leyes de transparencia pública. La prueba de fuego será para Peña, quien deberá optar entre beneficiarse con el ocultamiento o vetarla y que prevalezca la transparencia de datos públicos.
La Cámara de Diputados estableció su orden del día para el próximo martes 16 y ya no incluyó para su tratamiento el polémico proyecto de ley de “protección de datos personales”, que venía siendo pateado para adelante hace un mes por críticas al atentar contra la transparencia. Sería congelado junto a las intervenciones.
La mayoría cartista en Diputados tiene la mira puesta y el dedo en el gatillo, apuntando a matar las leyes de transparencia y acceso a información, ya que otra vez figura en el orden del día la ley “protección de datos personales”. El diputado cartista César Cerini ayer dijo que se trataría y abogó por la versión más nefasta.
La Cámara de Diputados podría esta semana asestar un golpe doble en contra de la ciudadanía, al mandar “al muere” seis pedidos de intervención contra intendentes, a la par de, una vez más, tener en sus manos la posible sentencia de muerte de las leyes de transparencia y acceso a información pública (AIP). El proceso de impunidad en intervenciones se gestó durante más de un año.