ABC Color

Cuatro jueces de la Corte Interamericana hicieron varios cuestionamientos al alegato del procurador saliente Marco Aurelio González en la defensa del Estado en el caso Zuccolillo Moscarda vs Paraguay. Entre otros puntos, criticaron el pedido a dicha instancia de que la causa se juzque con criterios aplicados hace 20 años cuando se penalizaba la libertad de expresión.

La inusual medida del Gobierno cartista de clausurar una cadena de minimercados tras recorrer cinco de ellos y encontrar supuestos productos vencidos y reetiquetados arriesga valores consagrados por la Constitución Nacional del Paraguay. Un país donde las reglas cambian a capricho del gobernante de turno, un escenario donde la ley deja de ser un escudo y se convierte en un garrote, como desde el martes lo están transmitiendo a todo el país, no puede inspirar confianza. Lamentablemente para todos los sectores involucrados, está en juego mucho más que las libertades económicas y la previsibilidad jurídica: están en juego las libertades de prensa y de expresión garantizadas por la Constitución Nacional. La prensa libre existe para vigilar al poder, no para rendirle pleitesía. Y por esa misión –innegociable, irrenunciable y amparada por la Constitución– ABC renueva y redobla su apuesta contra el silencio y a favor de la palabra. No cederemos ni ante presiones políticas ni ante aprietes económicos disfrazados de ley. NO NOS VAMOS A CALLAR.

Este 15 de agosto de 2025, en el segundo aniversario del gobierno de Santiago Peña y en el 488.º aniversario de la fundación de Asunción, ABC lanza la campaña “El costo de la corrupción”, dentro de su serie editorial La pura realidad.

El cierre temporal de los 263 locales de la cadena Biggie, vinculado al grupo Zuccolillo, integrado también por el diario ABC Color motivó la reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que nuclea a más de 1.300 periódicos de América.

“Estamos aquí haciendo lo que el presidente Santiago Peña nos pide”. La frase se disparó ayer de boca de Sara Irún Sosa, ministra de la Sedeco, acompañada por Jorge Ilou, de Dinavisa, para anunciar un hecho sin precedentes: el cierre temporal de toda la cadena de minimercados Biggie, donde el grupo Zuccolillo –propietario del grupo ABC– es inversionista. La justificación oficial: en una docena de locales se hallaron supuestamente productos vencidos y reetiquetados. La consecuencia real: unos 263 minimercados cerrados en unas 31 ciudades en todo el país, más de 5.300 empleados con su sustento amenazado, y una importante red de proveedores y distribuidores en peligro. Pero que llegue hoy, como ayer y como siempre, un mensaje alto, claro, fuerte y firme: EN ABC COLOR, NO NOS VAMOS A CALLAR