El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue objeto de una ofensiva legal por parte de diversos grupos de poder, quienes buscan blindar la información sobre sus beneficiarios finales, socios o accionistas, en contramano a la Ley de Acceso a la Información Pública (AIP).
En respuesta a la solicitud N° 98.542 en el Portal Unificado de Información Pública, la institución confirmó la presentación de 27 acciones de amparo judicial durante la gestión actual de Santiago Peña, entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, todas dirigidas a paralizar solicitudes de AIP.
De las 27 acciones registradas, 19 amparos fueron concedidos por la justicia, logrando que se ordene al MEF abstenerse de divulgar la información solicitada. Este alto porcentaje de fallos en contra de la transparencia (aproximadamente el 70%) compromete seriamente el espíritu de la Ley N° 5282/14, de Transparencia, y la Ley N° 6446/19, que crea el registro de beneficiarios finales.
Una vez más los “amigos” del poder
El 2 de octubre pasado el expresidente Horacio Cartes, su hermana e hijos consiguieron un fallo a su favor, a través del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial, 4° turno, Secretaría 7, a cargo del juez Marcelo Rocholl. Luego, la diputada cartista Virina Villanueva consiguió un amparo a favor el 23 de octubre de 2025, el cual fue concedido parcialmente.
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Por otra parte, el empresario Víctor Vázquez y su hijo, Miguel Vázquez Villasanti, sumamente cercano a Santiago Peña, también consiguieron una medida a favor el 8 de octubre. Este mismo grupo, a través de ueno bank SA, obtuvo otra medida a su favor el pasado 24 de noviembre.
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Entre las otras empresas que promovieron acciones figuran varias investigadas por irregularidades en licitaciones, el caso de la mafia de pagares, incluso algunas ligadas al exministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes. Otras con fallos a favor son Perfecta Automotores, Ganadera Pindo, Automotores Guaraní SRL.
Solo 6 amparos fueron rechazados por los juzgados. Entre las empresas con fallos en contra están Infocenter SA y Seven Group SA. A la fecha solo dos casos ligados a Alps Paraguay SA e Irupe Paraguay SA permanecen pendientes de una resolución judicial.