Los senadores Eduardo Nakayama (Independiente), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana), Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista), Ignacio Iramain (Independiente) y Celeste Amarilla (PLRA) impulsaron el pedido tras la publicación de documentos que señalan maniobras administrativas que habrían beneficiado a particulares en detrimento del Estado paraguayo.
El proyecto será analizado el 3 de diciembre. Entre los argumentos centrales se mencionan: posibles violaciones al Estatuto Agrario, afectación a la soberanía en áreas de frontera, revocación de reservas estatales estratégicas, presunto conflicto de intereses y un daño patrimonial estimado en más de G. 28.000 millones.
Los tres casos que detonaron la crisis en el Indert
1. Adjudicación de 29 hectáreas en Carmelo Peralta
Resolución 740/2024
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El Indert restituyó un predio ribereño de 29 hectáreas al ciudadano Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal, pese a una sentencia firme del Tribunal de Cuentas que confirmaba su destinación para zona primaria aduanera.
El precio pagado —G. 630.000 por hectárea— representa menos del 1% del valor estimado del mercado.
Los senadores sostienen que la decisión afectó un espacio clave para operaciones aduaneras del Corredor Bioceánico.
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2. Adjudicación exprés de 60 hectáreas
Beneficiaria: Marlene Araceli Oviedo Rodríguez
Resolución 1215/2024
El terreno estaba reservado en un 70% para la ANNP, con el fin de implementar un puerto público.
Los cuestionamientos se centran en: trámite acelerado, falta de arraigo y ocupación real de la beneficiaria, precios muy por debajo del mercado, y presuntas conexiones con un operador logístico privado. Mencionan en el proyecto que tampoco habría constancia de consulta al CODENA, exigida por ley para adjudicaciones en zona de frontera.
3. Adjudicación de entre 2.000 y 4.000 hectáreas en Mariscal Estigarribia
Beneficiaria: Claudia Eliana Vallejos Acosta
Hija del empresario Isacio Vallejos, cuyo grupo trabaja en el tramo 4 del Corredor Bioceánico. Los legisladores señalan presuntos conflictos de intereses y el incumplimiento de requisitos legales como el de ser pequeño productor o residir en la zona.
Una exasesora jurídica del Indert, Carolina Pacce, habría advertido sobre la posible ilegalidad de las operaciones antes de renunciar en marzo de 2025.
Senado prepara cuestionario para Francisco Ruiz Díaz
Si el pleno aprueba la interpelación, Ruiz Díaz deberá responder un amplio cuestionario que incluye: razones técnicas y jurídicas detrás de las resoluciones 740/2024 y 1215/2024, criterios para los valores de venta (muy inferiores al mercado), consultas —o ausencia de ellas— a ANNP, DNIT y CODENA, acciones para recuperar tierras en caso de confirmarse irregularidades, análisis de viabilidad de los proyectos pecuarios presentados por los adjudicados.
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La oposición afirma que las maniobras podrían forzar al Estado a pagar millonarias expropiaciones para mantener el cronograma del Corredor Bioceánico, obra con financiamiento internacional.
Cartismo anuncia rechazo y advierte “uso político”
El líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, anunció que rechazarán la interpelación si la oposición insiste en tratarla la próxima semana sin solicitar previamente informes formales.
Chase insiste en que el mecanismo debe usarse “como última instancia” y que antes deben escucharse explicaciones técnicas del presidente del Indert. Asegura que ya manifestó esta postura en la reunión de Mesa Directiva.