Uno de los puntos clave exige al Ministerio indicar si los equipos fueron calibrados antes del último examen y presentar el acta de calibración firmada por los técnicos responsables. Además, se pide detallar el lugar donde se desarrollan las pruebas y si cumplen con los estándares requeridos internacionalmente.
El pedido incluye incluso una copia del acta firmada por el examinado, la presencia de testigos o supervisores institucionales durante el procedimiento y la confirmación de si se realizó una entrevista previa (pre-test) para establecer la línea base del examinado.
La resolución surge en medio de cuestionamientos al uso del polígrafo como herramienta de evaluación y requisito para ingresar en la nómina de candidatos para el ascenso dentro de la Policía Nacional.
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Durante las últimas semanas, legisladores de la oposición e incluso cartistas señalaron que no existe un marco normativo claro que respalde su uso como requisito para ascensos o evaluaciones internas. Cuestionan la falta de reglamentación de la Ley de Reforma de la Policía Nacional en el caso del uso del polígrafo.
Transparencia y control institucional
El pedido de informes también apunta a verificar si el Ministerio cuenta con registros de control interno sobre la calidad técnica de los poligrafistas y si existe un sistema de verificación independiente para revisar resultados en caso de que un examinado cuestione su prueba.
Además, los senadores quieren saber si los evaluados fueron informados sobre las consecuencias institucionales de los resultados y si se documenta cada examen en un informe técnico con anexos de gráficas y conclusiones justificadas.
El debate sobre el polígrafo dividió posturas dentro del Congreso. Mientras algunos senadores del oficialismo lo respalda como un instrumento moderno de control interno, la oposición y disidencia colorada advierte sobre su uso arbitrario y la falta de base legal.