La inmovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es una cuestión constitucional y que fue pensada en la independencia de los poderes, según indicó el diputado cartista Rodrigo Gamarra.
“Creo que está bastante claro que la inmovilidad de los ministros es una cuestión constitucional y que fue pensada en la independencia de los poderes. Que se cumpla o no esa independencia, yo la acredito directamente a una cuestión personal del ministro de turno”, dijo.
Su posición se da en medio de un pedido de juicio político contra los ministros de la CSJ por parte de víctimas de la “Mafia de los pagarés”.
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Debate sobre el Artículo 19 de la Ley Nº 609
Gamarra, asimismo, señaló que está abierto a discutir la derogación del Artículo 19 sobre “Reconducción Tácita de la Función” de la Ley Nº 609, que organiza la Corte Suprema de Justicia y establece que los ministros tienen un período determinado por el cual fueron designados.
“No estoy ajeno a que se discuta la derogación o no del mismo”, expresó.“Creo que el artículo diecinueve si uno quiere malinterpretar nomás también porque ahí habla del tema de continuidad, hasta que sean confirmados, creo que decía”, agregó.
Opinión sobre impulsora del juicio político
El cartista también cuestionó a María Esher Roa, miembro de la Coordinadora de víctimas de la “Mafia de los pagarés” y una de las impulsoras del juicio político a los ministros de Corte.
“Creo que tiene una línea política bien marcada, una conducta que ya sabemos cuál es, eh, y hacia qué inclinación, o sea, qué inclinación política o qué gustos personales tiene. Entonces, creo que más, más bien por ahí es su apreciación”, declaró.
Contexto del juicio político y la “Mafia de los pagarés”
Gamarra aclaró que su comentario sobre un eventual juicio político se refería al caso de la “Mafia de los pagarés” y la solicitud de las víctimas.
“Estábamos hablando de la mafia de los pagarés y de la solicitud que están haciendo las víctimas de un juicio a los ministros de la Corte. Dentro de esa locución mencioné eso, diciendo que todas las peticiones son atendibles y que tienen que ser consideradas, más aún viniendo de un sistema que hoy está bastante desacreditado y atendiendo a la situación que están pasando las víctimas”, mencionó.
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Los miembros de la coordinadora consideran que los ministros de la Corte son supuestos cómplices del esquema ilegal. Se refieren a César Diésel (presidente), Carolina Llanes, César Garay Zuccolillo, Luis María Benítez Riera, Eugenio Giménez, Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón, Víctor Ríos y Gustavo Santander.