“Antes cocinábamos todos los días, hoy las compañeras pueden cocinar solamente dos a tres veces (por semana) siempre y cuando consigamos carne y verduras, porque tenemos también que saber que de G. 5.000 que antes era el puchero de pollo hace un año, hoy subió a G.15.000. La carne está a 40.000 o 50.000. Entonces es prácticamente imposible que podamos cocinar todos los días", mencionó Cira Novara, miembro de “Pykui”, la Articulación de Ollas Populares.
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Las “ollas populares” fueron un sostén vital durante la pandemia de covid en nuestro país, a tal punto de que en reconocimiento a su relevancia social, se promulgó en 2020 la Ley Ley Nº 6603 “de apoyo y asistencia a las ollas populares”, que obliga al gobierno a su sostenimiento, sin embargo, el gobierno de Santiago Peña las podría terminar de condenar a muerte.
Posteriormente dicha ley fue reemplazada por la N° 6945 de “comedores y centros comunitarios”, actualmente vigente.
Con suma preocupación, integrantes de esta articulación que aglutina a unos 22 comedores de otros varios que existen a nivel país se reunieron con diputados para alertar que el gobierno está dejando las ollas vacías, con una bajísima ejecución presupuestaria, lo que implicaría un recorte fulminante para el próximo año.
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Las voluntarias lamentaron que no solo se vieron obligadas que bajar la frecuencia y elegir qué día dar de comer y cuáles no, sino también reducir la cantidad de bocas que alimentar o aguar o achicar las porciones.
“Este año solamente tuvimos dos entregas y ahora a finales del mes de octubre la tercera entrega. Nosotras, en los 22 comedores damos de comer a 3.000, 3.200 personas, pero solo recibimos para 1.000 (los insumos)“, sumado a que la cantidad ”es sumamente insuficiente y hay productos de muy mala calidad", denunció Novara.
Y el problema no es la falta de dinero, sino aparentemente la indolencia del gobierno que apenas ejecutó el 27% del presupuesto asignado, que es lo más grave, ya que por falta de ejecución el próximo año se terminaría de matar estas ollas populares.
“Nos entregaron solamente tres veces (los insumos obligados por la Ley) y claro, si solamente se ejecutó el 27%, evidentemente no hicieron las licitaciones correspondientes para este año. Y nos han dicho que este año (2025) ya no estaríamos recibiendo insumos”, mencionó la voluntaria.
En total, la ley otorga unos G. 11.000 millones para el sostenimiento de estos comedores sociales que asisten a niñas y niños de todas las edades, adolescentes, personas en la tercera edad, discapacitados y familias enteras.
En el caso de darse el recorte, también sería una violación a la ley, ya que el artículo 11 establece taxativamente que “los recursos del Programa Comedores y Centros Comunitarios no podrán ser objeto de recortes o modificaciones por parte del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), ni del Poder Ejecutivo”.
También incumplen con distribución
“Lo otro que nos parece muy grave es que no nos llevan más los insumos directo a los comedores. Nos bajan en un solo comedor y las compañeras tienen que estar pagando fletes (como mínimo por) G. 200.000. La compañera de Villeta tiene que pagar G. 400.000, la compañera del bajo Chaco tiene que pagar G. 200.000 o 300.000 dependiendo de la distancia", denunció.
La Ley vigente establece en su artículo 9º que “la adquisición de insumos no perecederos, a ser distribuidos a través del Programa Comedores y Centros Comunitarios se realizará a través de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que establecerá la modalidad conforme a la normativa vigente”.