La propuesta fue elaborada por el Ministerio de la Defensa Pública, en colaboración con la Comisión Especial de Investigación en respuesta al esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.
En ese contexto, la Comisión de Equidad Social de la Cámara Baja, presidida por la diputada Rocío Abed (ANR-HC), emitió dictamen de aprobación al proyecto.
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Con esta iniciativa, se busca resolver la problemática que enfrentan diversos juzgados del país, particularmente en la Capital y Central, donde las víctimas de procesos judiciales irregulares encuentran dificultades para ejercer su defensa.
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Entre las medidas más relevantes que se establecen en este proyecto está el saneamiento de expedientes no localizados. Es decir, las secretarías judiciales tendrán un plazo de 10 días para informar si un expediente no se encuentra; en caso de extravío, el juez deberá ordenar de oficio su reconstitución.
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También contempla la suspensión y el levantamiento de medidas cautelares en juicios con expedientes extraviados, la declaración de nulidad de oficio cuando se verifiquen graves irregularidades en el proceso y la protección a las personas vulnerables, con asistencia del Ministerio de la Defensa Pública.