El tratamiento del proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, solicitada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), sería nuevamente postergado en la Cámara de Senadores, conforme adelantaron algunos legisladores.
“Vamos a ver qué pasa hoy. Estoy hablando con algunos referentes de la bancada oficialista y me hablan de postergación, de girar a comisión. Todavía no hemos convenido, pero se habla de solicitar treinta días, que para mí es un poco largo”, señaló el senador colorado Mario Varela.
Ante la consulta de que el presidente de la Cámara hablaba de 30 días, el legislador respondió: “Ojalá que podamos máximo quince días. No creo (que sea 30 días), porque es un proyecto que se está trabajando más de tres años”.
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Dictamen favorable del doctor Emilio Camacho
Consultado sobre la existencia de un dictamen técnico, Varela confirmó que solicitaron al abogado Emilio Camacho.
“Él nos remitió su dictamen. Él no ve ningún reparo de que exista algún tipo de inconstitucionalidad. Al contrario, él está a favor en su dictamen. Estoy hablando de esta aprobación”, dijo.
El senador añadió que el dictamen de aprobación es en relación con todo el proyecto, incluyendo la creación del mecanismo y la participación de la Comisión de Derechos Humanos.
Alcance del proyecto: periodistas y defensores de derechos humanos
Sobre las dudas respecto a quiénes serían considerados defensores de derechos humanos, Varela explicó que el proyecto busca proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, lo cual se define por los propios gremios.
“Nosotros no podemos inmiscuirnos, por ejemplo, en el gremio de periodistas. Eso es una cuestión absolutamente gremial, un sistema de colegiado que sería ya una legislación más allá de lo que la ley plantea. Lo que la ley plantea, el objetivo, es la protección del ejercicio del periodismo y de la defensa de los derechos humanos”, declaró.
Cuestionamientos sobre el presupuesto
El legislador respondió también a las críticas sobre el costo del nuevo mecanismo. “Es ínfimo, no representa ni el 0,01% del presupuesto. Estamos hablando de apenas G. 3.000 millones para todo el ejercicio por año, cuando existen funcionarios de Itaipú que ganan más que eso en un año. Es una excusa absolutamente sin ningún tipo de fundamento técnico y mucho menos político”, subrayó.
Recordó, además, que el viceministro Óscar Lovera mencionó que la financiación era viable y que se podía ejecutar de forma escalonada.
Paraguay tiene una obligación internacional
Varela remarcó la importancia del proyecto ante las obligaciones internacionales del país, considerando la sentencia de la Corte IDH por el caso Santiago Leguizamón.
“Coincido con el compañero Derlis Maidana, que es presidente de la Comisión de Legislación, quien hablaba en esos mismos términos. Nosotros tenemos una condena como Estado paraguayo, tenemos una obligación internacional”, dijo.
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“El Paraguay fue condenado por el caso Santiago Leguizamón y recomienda en esta sentencia formular leyes que puedan defender el ejercicio de la actividad periodística, la vida, la integridad física de las personas que ejercen esta profesión y por sobre todo también el derecho ciudadano de informarse”, agregó.