Mediante resolución N° 3269/25, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hizo lugar a dos protestas y resolvió suspender el avance del llamado a licitación con ID 472326 del Instituto de Previsión Social (IPS), a cargo de Jorge Brítez, para la compra de alimentos para funcionarios y pacientes del Hospital Ingavi. El contrato será por un monto máximo de G. 26.561 millones, alrededor de 3,7 millones de dólares a la cotización actual.
Los principales cuestionamientos a este proceso son en torno a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Uno de ellos es la exigencia al oferente de presentar copia autenticada del registro de establecimiento en las categorías 05 y 06 en la categoría de elaborador con su respectivo registro sanitario otorgado por el Ministerio de Salud Pública de los productos de turrón de maní y dulce de batata.
Lo contradictorio es que al verificar el menú preestablecido por el ente previsional no aparecen específicamente esos productos en el ítem de postres a ser proveídos a los funcionarios y los pacientes.
Otro de los requisitos llamativos tiene que ver con la capacidad financiera de las empresas interesadas en participar de la convocatoria. Tanto en la primera como segunda versión del PBC publicado en el portal web de la DNCP se establecía que el ratio de liquidez de los posibles oferentes debía ser igual o mayor a un promedio de 1 en los años 2022, 2023 y 2024, mientras que el capital operativo debía ser positivo y no menor al 15% del monto total de la oferta.
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Lo sugestivo es que para la tercera versión del pliego, publicado el 17 de octubre pasado, estos puntos tuvieron un incremento muy notorio. El ratio de liquidez subió a igual o mayor a 1,5, en tanto que el capital operativo debía ser no inferior al 50% del monto máximo del contrato. Es decir, no tiene que ser menor a G. 13.280 millones.
Contadas cumplirían con requisitos
Fuentes de la previsional a las que accedió ABC confirman que los requisitos muy específicos exigidos por la institución en este llamado los cumplirían solo escasas empresas, principalmente las que actualmente son parte del programa “estrella” del Gobierno de Santiago Peña: Hambre Cero. Intentamos obtener la versión del jefe del IPS, Jorge Brítez, pero no respondió las llamadas a su teléfono.
Solitarios oferentes
El IPS tiene en marcha otro llamado a licitación con muchos cuestionamientos. Se trata del proceso para la contratación del “servicio de sistema de gestión integral de Aporte Obrero Patronal y Recaudaciones”, por unos G. 125.122 millones, alrededor de US$ 17,6 millones.
La licitación está dividida en dos lotes, uno para el servicio de implementación del sistema, licencias nuevas y mantenimiento de los actuales software, mientras el otro a la infraestructura del hardware.
A esta convocatoria se presentaron solo dos empresas Infocenter SA, presidida por Lida Vera, y Softshop SA, representada por Juan Martín Cazenave. Cada una pelea por quedarse con un contrato.
La primera empresa (Infocenter SA) puja por el lote 1, con una oferta de G. 112.372 millones (US$ 15,8 millones), mientras que la segunda compañía (Softshop SA) busca quedarse con el lote 2, con una oferta de G. 10.395 millones (alrededor de US$ 1,4 millones).