Proyecto de ley “que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas con participación ciudadana”, del diputado cartista Yamil Esgaib, es el nombre engañosamente inocente que pusieron a esta peligrosa iniciativa, que busca permitir que la Policía Nacional acceda a las grabaciones de cámara de seguridad privadas, es decir, equipos pagadas por el ciudadano para su resguardo privado y que ahora podrían poner en riesgo su privacidad.
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El Gobierno pretende meter mano a los circuitos cerrados privados, mientras que estos días trascendió que el oficial de Policía José Jiménez está sometido a más de una decena de sumarios internos -que podrían terminar en su destitución- en la Policía Nacional, por el hecho de filmar (con una cámara comprada de su bolsillo) los procedimientos, los cuales posteriormente publica en las redes sociales, incentivando la transparencia y despertando un gran interés ciudadano.
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El proyecto plantea que todo aquel que tenga una o más cámaras de seguridad instalada frente a su vivienda, estará obligado a colaborar con la Policía en el caso de ser requerido por las autoridades.
El artículo 3º numeral 7 establece que en caso de que se instalen cámara hacia lugares públicos (eso incluye la calle), “el propietario estará obligado a comunicar a la Policía Nacional la instalación de estas cámaras en ese espacio público, y queda sujeto a la obligación de colaborar con relación a estas cámaras en caso de ser requerido por la autoridad competente”.
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El proyecto de ley también habla de que se podrá requerir las filmaciones en casos de sospechas de haber grabado algún hecho punibles, o incluso, en casos de “faltas administrativas”.
Otro aspecto preocupante es que se establece que “no se considerarán intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, siempre y cuando las mismas (las imágenes) se originen en la vía pública u otros espacios públicos abiertos y cerrados”.
Esto podría abrir un “pyragüereato estatal” a gran escala con ayuda tecnológica, tal como ya se hizo durante las protestas del pasado 28 de septiembre de la llamada “Generación Z”, donde la policía infiltró “pyrawebs” en grupos de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, sin orden judicial.
La iniciativa legislativa incluso pretende sumar a su red, las cámaras instaladas por comisiones vecinales.