La Cámara de Diputados se había ratificado el pasado 14 de octubre en su nefasta versión de la Ley de “protección de datos personales en la República del Paraguay”, proyecto sumamente controvertido porque su aprobación implicaría aniquilar las leyes de transparencia y acceso a información pública. Tras su aprobación era esperado para su tratamiento en Senado desde la semana pasada.
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Ante lo controversial de este proyecto, el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez había anunciado que pretendía tratarlo inmediatamente, en la sesión de ayer, pero finalmente esto no se pudo dar, puesto que la Cámara de Diputados no había remitido aún el expediente.
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Latorre, que retornó en la fecha de Suiza tras participar de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, remitió el expediente recién hoy, 7 días hábiles después de su tratamiento en Diputados.
Con esto, falta que se le de entrada en la sesión del miércoles 29, para posteriormente en comisiones puedan dictaminar el proyecto, y tratarlo en sesión ordinaria de los miércoles.
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Senado deben optar entre la versión “más nefasta” o la “menos peor”
En su cuarto y último trámite legislativo, el Senado debe definir si se sanciona la versión Diputados (la más peligrosa) o se ratifican en su versión, que si bien es considerada “menos maligna”, igualmente afecta las leyes de transparencia y acceso a información pública (Ley Nº 5189/14 y la Ley Nº 5282/14).
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La Cámara Alta necesita de mayoría absoluta (23 votos) para ratificarse en su versión, de lo contrario, quedará sancionada la de Diputados.
Ambas versiones representan un retroceso al derecho ciudadano para el acceso a información pública, ya que en el artículo 24 establece que se consultará al funcionario estatal si da su aval a que se provea información pública referente al mismo y será un órgano estatal el que dictamine si finalmente concede o deniega el pedido de acceso a información pública.
Con esto se buscaría evitar que sigan saliendo a la luz casos como los “nepobabies” de políticos, los gastos en “viajes oficiales” de las autoridades, los casos de planillerismo o títulos falsos, entre otros.
Ante este panorama, la mejor opción en favor del ciudadano es que el presidente de la República, Santiago Peña haga uso de su atribución de veto parcial, testando el artículo 24, lo cual será también una gran prueba de coherencia, ya que cuando era ministro de Hacienda en el Gobierno de Horacio Cartes, afirmaba que estas leyes de transparencia eran un punto clave y sin retorno.
