En comunicación con ABC Cardinal este jueves, la jueza Lici Sánchez confirmó que emitió una nueva orden de captura contra Roberto Cárdenas Ramírez, exintendente colorado de Lambaré, en una causa de supuesto cohecho pasivo, cohecho agravado y otros presuntos delitos en la que se encuentra procesado.
La jueza Sánchez tiene a su cargo el proceso en el que el Ministerio Público acusa a Cárdenas y a otros imputados – entre ellos Pastor Soria, extitular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas – de haber formado parte de un esquema de extorsión y pedidos de sobornos a cambio de la entrega de acreditaciones para la importación de frutas y hortalizas.
La orden de captura emitida por la jueza Sánchez es la segunda que pesa sobre el exintendente Cárdenas, quien ya era buscado por la Justicia por una causa de lesión de confianza - por el desvío de fondos en la Municipalidad de Lambaré - por la que fue condenado a ocho años de prisión, condena que el político colorado aún no se ha presentado a cumplir.
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Fue precisamente debido a la emisión de la orden de captura por parte del Juzgado de Ejecución en el marco del proceso por lesión de confianza que la jueza Sánchez tomó la decisión de declarar la rebeldía de Cárdenas y emitir su propia orden de búsqueda.
La jueza explicó que el proceso por supuesto cohecho pasivo y cohecho agravado lleva más de cinco meses atascado, sin que puedan establecerse medidas cautelares, debido a “distintas dilaciones”.
Argumentó que, debido a la orden de captura en el marco del otro proceso, Cárdenas no podría presentarse a una audiencia de la causa de cohecho sin que quede comprometida la regularidad del proceso, por lo que decidió suspender el procedimiento y declarar la rebeldía del imputado.
La jueza Sánchez señaló que queda en manos del Ministerio Público y la Policía localizar a Cárdenas y aprehenderlo.
Las causas contra Cárdenas
Según la Fiscalía, Cárdenas integraba un esquema liderado por Pastor Soria, por el cual se presionaba a importadores de productos frutihortícolas a realizar pagos que iban de entre cinco millones hasta 80 millones de guaraníes para acceder a la Acreditación Fitosanitaria de Importación, un certificado obligatorio para importar frutas u hortalizas a Paraguay, que normalmente tiene un costo de como más de 17.000 guaraníes.
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El exintendente está también condenado a ocho años de prisión por lesión de confianza, por un daño patrimonial de más de 800 millones de guaraníes que causó a la Municipalidad de Lambaré entre 2012 y 2013 por medio del uso irregular de dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) en obras en instituciones educativas.