El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) publicó la licitación para el arrendamiento de 18.000 máquinas de votación, por la vía de la excepción. El pliego de bases y condiciones ahora demanda que el oferente o el miembro fabricante del consorcio cuente con una antigüedad legal de 10 años desde su constitución y exige experiencia probada en el continente americano, con al menos dos procesos electorales en los últimos diez años, lo que limita la participación de firmas con amplia trayectoria global fuera de la región.
Consultado al respecto, Agustín Encina, director Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), refirió esta mañana que con esta modificación podría generar una limitación en la competencia.
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Sobre ese punto, Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, aseguró que las exigencias responden a la necesidad de garantizar que las empresas que se presenten tengan los derechos de propiedad intelectual sobre hardware y software de las máquinas a ser arrendadas.
Admitió que no existen antecedentes de problemas con licitaciones anteriores, en materia de propiedad intelectual, pero buscan prevenir riesgos por el poco tiempo disponible.
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Reiteró que la licitación se realiza bajo la vía de excepción, por lo que los plazos son más cortos debido a la urgencia.
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¿Limita la competencia?
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señaló que estas condiciones podrían restringir la participación de oferentes. Ruiz Díaz reconoció que están conscientes de esa crítica, pero la institución decidió mantener los requisitos.
Aseguró que las empresas interesadas ahora tienen tiempo de formular consultas y protestas en el marco legal. Señaló que si Contrataciones Públicas exige cambios tras una protesta, el TSJE hará una adenda sin inconvenientes.
Negó que las modificaciones busquen favorecer a alguna firma como Gross Browm y descartó intencionalidad política.
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<b>¿Qué pasa si el proceso se traba?</b>
El director fue claro: si la licitación se cae, se tendría que volver a las papeletas de votación y eso implicaría nuevamente el bloqueo de listas sábana.
Dijo que en caso extremo, debería suspenderse temporalmente la Ley 6318, que obliga el uso de máquinas de votación. De darse ese escenario, se habilitaría nuevamente el voto en papeletas, pero con el sistema de listas desbloqueadas.
“Volver a la papeleta es volver a la sábana”, advirtió. Resaltó que el escrutinio sería manual y mucho más complejo, especialmente en elecciones municipales o nacionales con miles de candidaturas.
Ruiz Díaz indicó que, si se quisiera volver al voto en papel para 2027 o 2028, la decisión política debe tomarse pronto, debido a los tiempos de impresión, logística y capacitación.
Recordó que en ciudades como Asunción hay 24 concejales, y a nivel país 262 municipios más, con boletas que podrían tener tamaño de “sábana”.
¿Hubo presión política?
En otro momento, Ruiz Díaz afirmó que ningún legislador o partido político planteó oficialmente derogar la ley que establece el voto electrónico.
Finalmente, consideró que el desbloqueo de listas es un avance democrático que debería mantenerse, con máquinas o con papeletas.