Silvio Ovelar explicó que los pedidos formales de aumento del Presupuesto General de la Nación (PGN) ya superan 1,4 billones de guaraníes (US$ 190 millones), mientras que las solicitudes informales o “mesa vype” rondan los US$ 300 millones, totalizando más de 2 billones de guaraníes. “Vienen los sindicatos, vienen los pedidos. Nosotros tenemos que analizar de acuerdo a la proyección de ingresos”, apuntó.
Consultado sobre si hay condiciones para aprobar los aumentos, respondió que no. “En principio no. No podemos aumentar el déficit”, sostuvo.
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Recordó que el Ejecutivo ya presentó un presupuesto que pasa de US$ 16,5 billones en 2025 a US$ 18,5 billones para 2026, y que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios proyecta una recaudación adicional de entre US$ 400 y 450 millones.
En ese contexto, remarcó que cualquier incremento adicional debe estar respaldado por ingresos reales. “Hay muchos pedidos, pero no podemos otorgar lo que no tenemos”, insistió.
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Instituciones que piden aumentos
Entre los sectores que solicitaron nivelaciones, aumentos salariales o desprecarizaciones, mencionó a:
- Poder Judicial
- Ministerio Público (Fiscalía)
- Ministerio de la Defensa Pública
- Universidad Nacional y otras universidades públicas
- Funcionarios de varias entidades autónomas y descentralizadas
“Todos piden lo que llaman nivelación, que no es otra cosa que aumentos salariales, o desprecarización, que significa convertir contratados en nombrados”, explicó.
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El legislador también recordó que ya están contemplados incrementos significativos para:
- Docentes, mediante acuerdo con el MEC
- Salarios por la incorporación de 5.200 nuevos policías
- Suelodos por el ingreso de 3.500 profesionales de blanco para los nuevos hospitales de Coronel Oviedo e Itapúa
- Aumentos previstos por el Ministerio de Salud para el INCAN
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Debate a puertas cerradas
Ovelar confirmó que la Bicameral se reunirá a puertas cerradas para la etapa previa de deliberación, “porque hay cuestiones que debemos debatir de manera abierta y descarnada”.
“Hay cuestiones que tenemos que deliberar de manera abierta y descarnada. Yo seré muy claro, seguramente, con los compañeros y hay cuestiones que no queremos exteriorizar”, argumentó.
Sin embargo, garantizó que la decisión final será pública y se dará en la última semana de tratamiento.
También admitió que pueden surgir dictámenes favorables a instituciones afines a algunos legisladores, pero insistió en que debe primar la responsabilidad fiscal, para evitar un eventual veto del Ejecutivo como ocurrió en dos ocasiones anteriores.
Finalmente, Ovelar señaló que “hay pedidos que corresponden y otros que pueden esperar un poco más”, por lo que será necesario priorizar sectores sin comprometer las finanzas públicas.