El presidente de la comisión de Pueblos Indígenas del Senado, Sergio Rojas (PLRA), explicó que se trata de una de las primeras iniciativas populares que llegan al Parlamento y destacó su alcance social.
“Recibimos al ingeniero Ricardo Canese, uno de los propulsores del proyecto, que busca que las comunidades indígenas puedan acceder a energía eléctrica a costo social, hasta 300 megavatios. También incluye a personas de la tercera edad y cuentapropistas, sectores que hoy no están siendo beneficiados por la tarifa social”, señaló Rojas.
El proyecto plantea legalizar el acceso a la energía eléctrica de miles de familias que actualmente se encuentran “colgadas” del servicio por no poder pagar, y permitiría además fraccionar las deudas con la ANDE en hasta 100 cuotas. Según los proyectistas, esta medida evitaría la exclusión energética y formalizaría a sectores históricamente marginados.
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“Esto va a legalizar a una cantidad enorme de personas que hoy no pueden pagar. También prevé que quienes tienen deudas acumuladas puedan ponerse al día en cuotas accesibles”, añadió Rojas.
El rol de Itaipú y la financiación del proyecto
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la redistribución de los fondos provenientes de Itaipú. La propuesta establece que el 50% de los beneficios económicos que el país recibe de Brasil sean destinados directamente a la ANDE, algo que actualmente no ocurre.
“Hoy, de los 1.200 millones de dólares que recibimos de Itaipú, ni un solo centavo llega a la ANDE. Todo se destina a otros gastos sociales o infraestructura. Este proyecto busca que la ANDE reciba recursos para sostener la tarifa social”, explicó el legislador.
Lento avance legislativo
A pesar del respaldo de la Comisión de Pueblos Indígenas, el proyecto sigue estancado en el Senado. De las ocho comisiones a las que fue girado, solo una ha dictaminado, lo que retrasa su tratamiento en el pleno.
El dictamen jurídico de la ANDE sobre el proyecto, según Rojas, fue neutral, sin oponerse a la iniciativa. “ANDE no dijo ni sí ni no. No está en desacuerdo, pero tampoco se ha pronunciado con firmeza. Por eso creemos que el Congreso debe asumir su responsabilidad y avanzar con este proyecto de alto impacto social”, subrayó.